AFP
29 de jul de 2020
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), por actos de corrupción ligados a la compra de una planta de fertilizantes, en el inicio de un juicio que amenaza con salpicar hasta al expresidente Enrique Peña.
Durante la audiencia de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, FGR solicitó que el detenido continúe en vigilancia en el hospital Ángeles del Pedregal y la colocación de un localizador electrónico, así como la entrega de pasaporte y visa para evitar salida del país.
El juzgador también prohibió que Emilio Lozoya salga del país, por lo que se deberá entregar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte los documentos en horarios establecidos.
El juez, de manera discrecional, sumó una medida cautelar para que se presente los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del centro de justicia.
La audiencia, que abarca otro caso de presunta corrupción, se desarrollaba por videoconferencia, pues el exfuncionario fue hospitalizado por un cuadro anémico tras llegar extraditado desde España el pasado 17 de julio.
En la diligencia, La Fiscalía General presentó inicialmente cargos contra Lozoya por la compra, entre 2013 y 2015, de una planta de fertilizantes a un costo de unos 485 millones de dólares, considerado excesivo pues la fábrica no se usó durante 14 años.
Desde un hospital privado del sur de Ciudad de México, Lozoya, de 45 años, se declaró inocente, según reportes que el poder judicial entrega a la prensa por un servicio de mensajería instantánea.
La audiencia es encabezada por un juez desde un penal del norte de la ciudad donde fue abierta la causa.
Hasta ahora no se han presentado cargos por el escándalo de Odebrecht.
Sin embargo, se espera que Lozoya también sea acusado de gestionar sobornos por 4 millones de dólares de la constructora brasileña, que habrían financiado la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012.
La Fiscalía aseguró, en tanto, que una planta nueva de fertilizantes hubiera "tenido un costo de 200 a 300 millones de dólares", por lo que acusó Lozoya de haber "alentado una actividad ilegal" al promover la compra de una "empresa inactiva con un precio superior".
El exfuncionario sostuvo, por su parte, que había aceptado voluntariamente ser extraditado a México y contribuirá con pruebas. "Demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan", señaló, siempre según la transcripción del poder judicial.
Lozoya es acusado de haber recibido de la compañía propietaria de la planta de fertilizantes, previo a su venta, un pago de 3 millones de dólares con lo que habría adquirido una lujosa vivienda en la capital.
Cercano a Peña Nieto (2012-2016), el exfuncionario aseguró que poseía esa vivienda antes de asumir la dirección de Pemex, en diciembre de 2012.
En esta denuncia también está imputada la hermana del exdirectivo, Gilda Lozoya (prófuga), y el empresario Alonso Ancira, quien gestionó la venta de la factoría y enfrenta un proceso de extradición en España.
El exjefe de Pemex fue detenido en Malaga en febrero pasado.