100 días de gobierno de Trump

Decir que Donald Trump ha erosionado las garantías constitucionales e institucionales de Estados Unidos durante su mandato sería quedarse corto. Sus implacables y vertiginosos ataques contra las normas democráticas y el orden liberal internacional consolidado después de la Segunda Guerra Mundial han sido tan despiadados que han distorsionado nuestra percepción colectiva del tiempo: en medio de la confusión, a menudo no queda claro si su presidencia ha durado décadas, siglos o apenas poco más de cien días. Sus instintos en política exterior nos han hecho retroceder no solo décadas hacia la política de poder expansionista y el proteccionismo de principios del siglo XX, sino quizás siglos, canalizando incluso el ímpetu expansionista del Destino Manifiesto en su discurso de investidura. Durante siglos, la libertad individual y la veneración por la Constitución —inscritas en el mito fundacional del país y entretejidas en su identidad nacional— han sido el faro retórico de la política estadounidense. Aunque los conservadores partidarios de un gobierno limitado suelen reclamar la “libertad” como su patrimonio exclusivo, tanto demócratas como republicanos han competido históricamente por definirla y apropiársela. Invocar la “libertad” ha sido, durante generaciones, un rito de paso obligatorio para todo aspirante presidencial, incluso cuando el término adoptaba formas contradictorias en el ámbito interno y en el internacional. Como ejemplos puntuales, la campaña de reelección de Joe Biden enarboló la libertad como estandarte, mencionándola seis veces en su video de lanzamiento; Ronald Reagan también la invocó numerosas veces en su discurso de investidura, al igual que Barack Obama. En su reformulación de la presidencia estadounidense, Trump ha socavado los mitos fundacionales del país, popularizando una corriente política anti-institucional y proteccionista. Ha sido el único presidente de Estados Unidos en más de un siglo en rechazar los resultados de una elección presidencial y negarse a asistir a la investidura de su sucesor. De corte totalitario y anticonstitucional —una tendencia que quizá solo había alcanzado el escenario político dominante en tiempos recientes con Joseph McCarthy, en pleno apogeo de la Guerra Fría—, Trump ha redefinido lo que alguna vez fue un partido conservador apegado a la Constitución. Como uno de sus muchos hoteles fallidos, ha reconfigurado la imagen del país con su inconfundible sello, quizás para siempre. Se habla tanto —en las mesas familiares, en los encabezados de prensa, en la calle— sobre el comportamiento errático de Trump y su presidencia como bola de demolición institucional, que ya se ha convertido en un lugar común. Y, sin embargo, todo esto ya estaba anticipado en sus promesas de campaña: declaró que los aranceles eran su palabra favorita y prometió usarlos profusamente; afirmó que indultaría a los insurgentes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero del 2021, prometió represalias políticas contra sus enemigos; se comprometió a revertir los derechos de las comunidades transgénero y arremeter contra las iniciativas de diversidad y equidad. “Promesas hechas, promesas cumplidas”, dijo en su discurso de victoria presidencial, y ahora las está ejecutando bajo la bandera de la lucha contra la ideología “woke”, un término que, al igual que “neoliberalismo”, los críticos han tensado y estirado hasta vaciarlo de significado. Las iniciativas de diversidad y equidad han funcionado como salvaguardias institucionales, al igual que los controles y contrapesos de un gobierno dividido, diseñadas para proteger a la sociedad de sus peores impulsos.

Surgieron para evitar que repitiéramos otro milenio marcado por la continua vulneración de los derechos de los más desfavorecidos. Abogar por una mayor inclusión de las comunidades minoritarias y enfrentar el legado heredado de una política históricamente excluyente no es un juego de suma cero; estas incitativas pueden coexistir con una reflexión renovada sobre los roles sociales en transformación, como el lugar cambiante de los hombres, particularmente los hombres blancos, en la sociedad contemporánea, tal como explora académico Richard Reeves explora en su libro Of Boys and Men. Aunque la política identitaria puede carecer del amplio atractivo electoral de los temas económicos, señalados con frecuencia como un factor clave en la derrota electoral demócrata en 2024, sigue siendo un eje fundamental de distinción ideológica que no debe ser excluido de su plataforma política. Y el argumento de la falsa equivalencia, que equipara los excesos de Trump con los de las administraciones presidenciales demócratas, suena tan vacío hoy como lo hacía durante la campaña presidencial. Las deportaciones sin proceso judicial, su ethos expansionista, que habla de anexionarse Groenlandia, incorporar a Canadá como un estado más, y recuperar el control del Canal de Panamá, su encendido de guerras comerciales con aliados y su desprecio por la alianza diplomática transatlántica no tienen equivalencia en la corriente principal del partido demócrata. Tampoco su desprecio por el Poder Judicial, su uso de la máquina política para ejercer castigos contra sus oponentes o sus exigencias de lealtad. Trump, maestro del espectáculo y la mercadotecnia, ha estampado un sello tan profundo en la presidencia que ha reconfigurado el mapa ideológico del país —y lo ha hecho en poco más de cien días: cien días que han parecido una eternidad.