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Proponen cárcel para quienes utilicen programas sociales con fines electorales


México.- El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propondrá una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de castigar con cárcel y multas el uso de programas sociales con fines electorales.

La iniciativa será presentada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para establecer en la legislación secundaria que sea delito grave el uso electoral de programas sociales.

Monreal Ávila explicó en un comunicado que con esta iniciativa se armoniza la legislación secundaria con los cambios hechos al Artículo 19 de la Constitución Política mexicana.

“Se trata de hacer modificaciones al texto del Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en los que no se hace referencia al uso de los programas sociales”, indicó.

Puntualizó que la intención es responder al gran paso que se dio hacia un verdadero acceso a la justicia cuando se modificó el Artículo 19 de la Constitución, al incorporar un catálogo de delitos, cuya comisión amerita la prisión preventiva oficiosa.

Dichos delitos son el feminicidio, el robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la violencia sexual contra menores y el robo al transporte de carga.

“Por eso, en apego al principio de legalidad y para armonizarlo con el precepto constitucional, el artículo a añadir a la Ley General en Materia de Delitos Electorales debe especificar como delito el uso de programas sociales con fines electorales, puesto que las hipótesis que se contemplan en dicha norma prevén sólo el condicionamiento o amenaza de suspensión, más no refieren el uso”, precisó.

Por eso se propone añadir a dicha ley dos nuevos tipos penales relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa.

Sancionar con prisión de tres a ocho años y de 300 a 600 días de multa a quien utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza presión de cualquier tipo sobre el electorado para que vote o se abstenga de votar por un candidato, partido político o coalición.

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