• RUBÉN PÉREZ

Aún hay incertidumbre entre los concesionarios de Convivencia Infantil

Tuxtla.- Cincuenta y nueve concesionarios del Parque Convivencia Infantil de esta ciudad aseguraron que continuarán en la ruta legal para que, en un futuro, se les respete sus derechos y no sean desalojados de ahí por parte del gobierno municipal, al mando de su alcalde Carlos Morales Vázquez.



Elena Fausto, secretaria general de la Unión de Concesionarios de ese espacio lúdico, explicó que, a pesar de que desde hace como 15 días reabrieron sus puertas al público, existe el temor de que los quieran considerar como arrendatarios y no como concesionarios.


Pese a todo lo que ha ocurrido y luego del cierre de un año y medio por la pandemia, afirmó que sin duda se han reactivado los empleos y, sobre todo, la afluencia es superior a la de otras épocas, “podemos decir que subimos un 50 por ciento más”.


Incluso, reveló, entre semana han percibido el arribo de más gente que llega a divertirse, lo que, según ella, no ocurría antes, “sabemos que tenemos que luchar en la parte legal, buscar otras vías para que nos respeten nuestras concesiones”.


Como se informó, el Ayuntamiento tuxtleco intentaba “despojarlos” de los espacios que han ocupado desde hace al menos tres décadas, e incluso ha instalado cerca de siete oficinas administrativas ahí, no obstante que en realidad el encargado del mismo es el gobierno del estado.



Sin embargo, hace como un mes, el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social municipal, Miguel Ángel Zárate Izquierdo, intentó destruir uno de los puestos, pero el funcionario fue captado en estado etílico. Ante el revuelo que provocó en redes sociales esta situación, al gobierno morenista no le quedó de otra que ceder y permitir que los concesionarios reabrieran Convivencia Infantil.


De nueva cuenta, Elena Fausto manifestó que un pretexto del Ayuntamiento era el tema de la cartera vencida o adeudos de algunos concesionarios por pago de impuestos, “pero tenemos que decir que es gente que estuvo, o que ya no estaba, por lo que ya suman 15 años de adeudos”.

Empero, señaló como culpable a la Coordinación de Política Fiscal por no hacer una actualización de ese padrón, “además, hay pruebas de que a compañeros les han negado hacer sus pagos correspondientes en esa área”.

En la actualidad, los concesionarios gozan de la protección constitucional que les brinda una suspensión concedida por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, controversia que ya está también radicada en el Tribunal Colegiado en materia administrativa del Vigésimo Circuito del estado.