A 10 años de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción

El pasado 27 de mayo se realizó el foro “El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a 10 años de su Reforma Constitucional: Retos y Perspectivas”. Fue convocado por la presidencia del Comité Coordinador del SNA y se llevó a cabo en el edificio que alguna vez fue sede del INAI, ahora nombrado “Transparencia para el Pueblo”. Sin embargo, lo que vimos distó de ser un ejercicio transparente o abierto. Desde Mexiro A. C., organización feminista antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción, acudimos al evento con una mezcla de compromiso y preocupación. Compromiso, porque desde 2018 acompañamos el desarrollo de los 33 Sistemas Anticorrupción mediante nuestro Observatorio Anticorrupción. Preocupación, porque cuando buscamos a otras organizaciones que históricamente han trabajado en esta agenda, nos dijeron lo mismo: no sabían del evento. Más que un descuido, esto refleja un patrón. Cuando se anuncia una reforma al SNA sin convocar a quienes han vigilado y evaluado su implementación, lo que está en juego no es solo un sistema, sino la credibilidad de todo un modelo institucional. En lugar de celebrar una década de diálogo institucional y participación social, el evento pareció confirmar una tendencia: cerrar espacios que deberían estar abiertos, especialmente a quienes hemos caminado desde el inicio con este sistema. Para nosotras, una transformación del SNA no puede reducirse a ajustes cosméticos. Es necesario reconocer que la corrupción es una manifestación de desigualdades estructurales, violencia institucional y silenciamiento de comunidades históricamente excluidas. Desde una mirada feminista e interseccional, entendemos que la corrupción también se manifiesta en cuerpos y territorios, en relaciones de poder que se profundizan en ausencia de justicia y de reparación de daño. Hoy, reafirmamos que: No hay política anticorrupción sin democracia, sin diálogo plural, sin autonomía institucional. No hay transparencia real si las plataformas dependen del Ejecutivo. No hay justicia si no se reconoce la corrupción sexual, que afecta sobre todo a mujeres, niñas y cuerpos feminizados. No hay política pública legítima sin una perspectiva territorial que escuche a los pueblos originarios y a las comunidades afectadas por megaproyectos. Nos preocupa también el creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas en funciones civiles, como la infraestructura pública. Esta lógica refuerza estructuras jerárquicas, masculinizadas y excluyentes, que operan bajo opacidad y sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Se ha identificado sie7e desafíos urgentes: Falta de designaciones públicas y sin participación ciudadana de las instituciones anticorrupción. Plataformas de transparencia controladas por el poder político en turno. Reformas legales que ocultan información clave sobre contrataciones públicas. Militarización de lo público sin control democrático ni enfoque de derechos. Invisibilización de la corrupción sexual. Exclusión de pueblos originarios de los sistemas anticorrupción. Corrupción estructural en los sistemas penitenciarios. Frente a esto, necesitamos un nuevo acuerdo colectivo que no sea diseñado solo desde las élites institucionales del país, sino desde y con las personas que viven la corrupción todos los días, que la documentan, que la denuncian, que resisten desde los márgenes. Cuidar lo común es cuidar la vida. Y eso implica construir un sistema anticorrupción con justicia social, escucha activa y compromiso real con quienes han sido históricamente ignoradas. Lo que hoy enfrentamos en México se conecta con una tendencia más amplia en América Latina: el cierre de espacios cívicos, la concentración de poder y el uso de discursos anticorrupción para justificar el control autoritario. En El Salvador, por ejemplo, la organización Cristosal —aliada regional en la defensa de derechos humanos— ha sido criminalizada por el régimen de Bukele. Su abogada anticorrupción, Ruth López, fue detenida arbitrariamente hace unos días. En otros países de la región, como Guatemala, Nicaragua y Honduras, también hemos visto cómo la persecución a periodistas, fiscales independientes y organizaciones feministas se ha intensificado. Todo esto ocurre en contextos donde la corrupción no solo roba recursos, sino que refuerza la violencia estructural y desmantela las bases de una democracia viva.