"A México se le respeta": Presidenta responde a la DEA y envía iniciativa para unificar el delito de feminicidio

CDMX, (EFE).- En una jornada de intensa actividad política y legislativa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una triple agenda de impacto nacional e internacional al rechazar contundentemente los señalamientos de la DEA, respaldar la neutralidad del Canal de Panamá y firmar una histórica iniciativa de Ley General contra el Feminicidio. Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria calificó como "muy desafortunadas" y con un claro trasfondo político las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA), Terry Cole, quien afirmó en Florida que existe una "conexión mortal" entre funcionarios mexicanos y los cárteles del narcotráfico que frena el combate al fentanilo. Sheinbaum Pardo negó rotundamente estas acusaciones, señalando que carecen de sustento y argumentando que la DEA debería enfocar sus esfuerzos en investigar la distribución, consumo y lavado de dinero dentro de los Estados Unidos, instando a la agencia a mantener una relación de colaboración basada en el respeto mutuo a la soberanía nacional, especialmente en un contexto de tensión tras la solicitud de extradición de funcionarios de Sinaloa como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

En el plano diplomático, la jefa del Ejecutivo federal adelantó los detalles de su reunión bilateral en Palacio Nacional con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, enfocada en el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la atracción de inversiones para 23 empresas mexicanas y el respaldo absoluto de México a la soberanía panameña. Sheinbaum expresó el apoyo total de su administración a la solicitud global de Panamá para reafirmar el principio de neutralidad permanente de su canal interoceánico, una de las rutas comerciales y logísticas más importantes para el intercambio marítimo mundial entre los océanos Atlántico y Pacífico. Este encuentro cara a cara representa un hito para afianzar los lazos históricos de cooperación económica, turística y cultural que ambas naciones han mantenido de manera ininterrumpida por más de un siglo.

Finalmente, en materia de justicia y derechos humanos, la presidenta firmó la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, propuesta que busca unificar y homologar la definición, investigación y sanción de este delito en las 32 entidades federativas del país. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y la titular de la Fiscalía Especializada, Maribel Bojorges, explicaron que la reforma —impulsada tras una modificación constitucional aprobada en mayo— obligará a todas las fiscalías locales a aplicar protocolos de género estrictos, evitando que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas erróneamente como suicidios u homicidios. La iniciativa establece penas homologadas de entre 50 y 70 años de prisión e introduce 19 agravantes —como ataques con ácido o que las víctimas sean menores, embarazadas, adultas mayores, periodistas o migrantes—, además de contemplar un Registro Nacional de orfandad por feminicidio, bajo la consigna presidencial de garantizar "cero impunidad" ante la peor forma de violencia de género.