¡Adiós al INAI y la CONEVAL!

Ha avanzado el proceso legislativo relacionado con el paquete conocido como “Plan C”, incluyendo las modificaciones encaminadas a eliminar diversos órganos autónomos. Estas reformas, que suponen modificaciones a al menos 14 artículos constitucionales, proponen eliminar en principio 7 órganos, concretamente: la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI). De este conjunto de modificaciones, las relacionadas con órganos que tienen por mandato tareas vinculadas a la garantía de derechos humanos son especialmente preocupantes y deben analizarse por separado. La naturaleza del CONEVAL y del INAI es diferente a la del resto de los organismos que se quieren eliminar. Es un error aducir que estos órganos fueron parte de la propensión neoliberal de arrancar de la administración pública aspectos de política pública, pues en realidad la naturaleza de estos dos organismos es otra: proteger derechos. Eliminar al CONEVAL y al INAI va a contrapelo del necesario fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos. El primero es relevante para evaluar de forma técnica la política pública de garantía de los derechos sociales y con ello evaluar mejor si la política social efectivamente está reduciendo la pobreza y el segundo para asegurar el acceso a la información pública gubernamental y la tutela de los datos personales. Estas funciones suponen una función de monitoreo externo al gobierno. La propuesta de eliminar de tajo al INAI es particularmente lamentable. El Instituto fue arrancado al poder por la ciudadanía para ampliar el acceso a la información gubernamental. Son muchos los temas en los que contar con el INAI ha permitido monitorear mejor el funcionamiento de los poderes públicos.

En derechos humanos, gracias a que existe el INAI, organizaciones como el Centro Prodh hemos podido monitorear la ineficiencia de la Fiscalía General de la República; conocemos las versiones públicas de expedientes de casos de graves violaciones a derechos humanos, con lo que se ha podido construir espacios como Memoria y Verdad; conocemos el preocupante funcionamiento real de la Guardia Nacional, ya que ha sido gracias a solicitudes de información que conocemos los informes pormenorizados del uso de la fuerza o cuántos cuarteles se han planeado construir en entidades como la Ciudad de México. Gracias al INAI también se ha ordenado que Sedena haga públicos los contratos con la empresa proveedora del malware Pegasus, y también se han revelado las debilidades del Sistema Ombudsman y las deficiencias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, entre muchos otros temas. Los aportes de esta institución son innegables. Y habiendo sin duda temas que mejorar realizar un ejercicio más austero y eficiente de su presupuesto, reducir el número de personas comisionadas o incluso que investigar la torpe recontratación de excomisionados en la plantilla, los casos documentados de corrupción interna, desaparecer de tajo la institución es para la ciudadanía, en los hechos, perder una herramienta de garantía de derechos. Sobre todo si se considera que, hasta ahora, lo que se propone es que sus funciones se trasladen a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la Administración Pública Federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos, y a las contralorías del Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, amén de prever que se replique esta estructura en el ámbito estatal con sus contralorías o áreas homólogas. El retroceso es evidente e innegable: de contar con un instituto especializado en garantizar el acceso a la información, se plantea volver a los tiempos en los que la propia administración pública decidía qué se transparentaba, lo que previsiblemente derivará en mayor opacidad. En el ámbito federal, por poner un ejemplo, volverá a ser la poderosa Secretaría de la Defensa Nacional supervisada sólo por la débil Secretaría de la Función Pública la que decida por sí y ante sí la entrega de información pública a la ciudadanía.