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Ahora toca y seguimos hablando de la corrupción en México


México dicen que es el arroz de todos los moles pero lastimosamente lo es en todo pero sobre todo en lo negativo como país; primeramente México es pobre, lamentablemente un país con indices altos de desempleo, somos un país con rezago educativo, los números altos en delincuencia y feminicidios son altos y siguen sumando, muchas cosas negativas que día con día pedimos o exigimos que se luchen contra ello. Pero hablemos de corrupción que es lo que más lastima a México. La corrupción en México es un tema que no pasa desapercibido en la vida pública y privada del país, sobre todo cuando se piensa que, paradójicamente, en la administración en que se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción, los índices mundiales colocaron a México dentro de los 50 países más corruptos de acuerdo al índice de Percepción de la Corrupción (IPC), además de que en el discurso del sexenio actual la corrupción se cataloga como uno de los tres problemas que mantienen al país en la desigualdad y pobreza. En el sector público la corrupción es un fenómeno que abarca distintas aristas entre las que se puede mencionar la petición de “mordida” por parte de policías de tránsito, el abuso de un puesto público para beneficio personal, el enriquecimiento ilícito y el fraude. En otros contextos el término corrupción suele ser utilizado de forma alegórica para hablar de la degradación de la actividad gubernamental, o bien como un adjetivo (de carácter moral) para referirse al estado de las instituciones públicas. Entre el abanico de posibilidades sobre lo que implica (o es) la corrupción, pareciera que se podría acotar a partir de tres vertientes de las cuales se implementan mecanismos de medición distintos. Entre estos se podría hablar de una perspectiva económico, jurídica e incluso moral. Dado que el fenómeno de la corrupción es amplio, existe cierta dificultad cuando se trata de medirlo. Resalta la importancia de contar con información estadística de calidad, no solo para medir y representar cierto fenómeno o problema social, sino para diseñar estrategias y combatirlo. Por ejemplo, si uno de los problemas más graves que padece el país es la corrupción tal como fue estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024-, lo idóneo sería desarrollar un sistema que diera solución o minimizara este fenómeno cuyo eje fuera generar cifras para dimensionar la magnitud del problema. En el caso de funcionarios de seguridad pública que han realizado actos de corrupción se cuenta con un registro a partir de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en la cual se aplican cuestionarios a miembros de la ciudadanía mayores de 18 años con el objetivo de saber si han sido víctimas de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos. De acuerdo con los datos de 2021, el 73.9 % de los encuestados consideró que los policías de tránsito eran corruptos, seguido de los policías municipales con 65.6 % de percepción, y en tercer lugar los jueces con 65.4 %. Otro de los indicadores más conocidos para medir la corrupción es el IPC, mecanismo implementado por Transparencia Internacional, cuya metodología consiste en la aplicación de cuestionarios para conocer la percepción que tienen empresarios y expertos sobre la corrupción. Aplicado en 180 países y utilizando una escala de 0 (más corrupto) a 100 (menos corrupto), este índice ubicó a México con una puntuación de 31 en 2021, lo que lo coloca en la posición 124, con un incremento en comparación con los años 2019 y 2020.

El INEGI cuenta con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCU), la cual reveló que el 54.6 % de las personas mayores de 15 años consideraron que la corrupción es uno de los tres problemas más importantes que enfrentó el país en 2020. Si bien es cierto que en conjunto los datos recabados por la ENVIPE, la ENCU y los informes de la UIF son indicadores que miden de la corrupción y su erradicación, estos necesitan ser complementados con cifras respecto al número de sanciones a funcionarios públicos, el número de carpetas de investigación en proceso y que recibieron sentencia por desvío de recursos públicos. Persiste el problema de la transparencia en el país; es decir, de la opacidad con la que operan las mismas instituciones al momento de investigar estos casos. Queda la duda sobre cómo se puede combatir la corrupción si no se generan instrumentos y metodologías para medir este fenómeno que vayan más allá de percepciones y discursos.

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