• AFP

Altamirano, otro polvorín en Chiapas


Los conflicto sociales y territoriales en Chiapas siempre han estado a la orden, por lo que se mantiene siempre los focos rojos en algunos municipios del estado. La mayoría o todos se centran en la zona altos de Chiapas, donde indigenas mantienen disputas de poder y/o de tierra. Esta situación termina provocando enfrentamientos, muertes y daños a terceros tras cierres de carreteras. Pero hablando puntualmente; la situación en el municipio de Altamirano, no parecen bajar de tono. El conflicto postelectoral mantiene hasta el momento un saldo de mas de 50 personas retenidas (entre funcionarios y trabajadores de empresas privadas), un muerto, una niña herida y varios desaparecidos extraoficiales. Se trata pues de un conflicto entre dos grupos políticos, y sus intereses de fondo, que apunta a no tener salida. Durante casi 20 años la familia Kanter había mantenido el control del gobierno municipal. Se había convertido en un cacicazgo prácticamente inamovible, con estructuras político/electorales bastante enraizadas en comunidades indígenas de la zona, principalmente de origen tojolabal. El dispendio de recursos públicos y el condicionamiento de obras y programas gubernamentales se convirtió durante casi dos décadas en su método infalible para mantener el ayuntamiento en sus manos. Altamirano es uno de los cinco municipios que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó en enero de 1994. Armando Pinto Kanter ocupó la presidencia municipal de Altamirano en el periodo 2002-2004; Jorge Constantino Kanter la presidencia de Comitán entre 2005-2007. Heidi Pino Escobar, esposa de Armando Pinto Kanter, ocupó la presidencia de Altamirano entre 2007-2010; luego le dejó el cargo a su cuñado, Roberto Pinto Kanter. En 2015, la esposa de Roberto, Gabriela Roque Tipacamú, ganó la presidencia; sin embargo, en esta ocasión fue impugnada por la relación marital directa con su antecesor, pero Roberto volvió a recuperar la alcaldía en 2018. Su relación de complicidad con los últimos tres gobiernos estatales los empoderó y enriqueció. Sin embargo, desde las elecciones de 2018 se comenzó a gestar y fortalecer un importante grupo opositor que mantuvo en “jaque” al último gobierno municipal de “Los Kanter”. De esta forma, “la gota que derramó el vaso” llegó el 6 de junio de 2021 con la elección de Gabriela Roque Tipacamú, esposa del ahora ex presidente municipal Roberto Pinto Kanter, bajo el financiamiento y protección del Partido Verde. La toma de protesta de Gabriela fue la fecha pactada para iniciar la sublevación contra la permanencia de “Los Kanter” en el gobierno de Altamirano. Así, el 1 de octubre de 2021 pobladores, encabezados por Gabriel Montoya Oseguera, también ex candidato a la presidencia municipal por el Partido Chiapas Unidos, decidieron tomar las instalaciones del ayuntamiento, iniciar el bloqueo de carreteras y consumar el secuestro el presidente saliente, a fin impedir la toma de protesta de su esposa; al mismo tiempo que un grupo de autodefensas contra el mismo cacicazgo anunció su integración. La presión ejercida por los sublevados, y la evidente incomodidad que “Los Kanter” ya provocaban entre las nuevas autoridades estatales, terminaron presionando la renuncia de Gabriela Roque, mediante la solicitud de una licencia indefinida; por lo que el Congreso de Chiapas procedió a la designación de un nuevo concejo municipal, en el que el opositor Gabriel Montoya Oseguera estaba incluido nada más y nada menos que como actual síndico concejero. Desde entonces los enfrentamientos no han parado. Las comunidades tojolabales afines a “Los Kanter” han mantenido y endurecido sus protestas para exigir la desaparición del actual concejo municipal. Acusan el desempeño de Montoya Oseguera como verdadero alcalde, oculto tras la figura la presidenta concejera, y exigen se convoquen a elecciones para, según ellos, “respetar la voluntad de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, saben perfectamente que en el fondo eso significaría reabrir otra vez la puerta para el retorno de los caciques. Por eso el uso de medidas extremas por parte de las comunidades tojolabales, secuestrando transportistas, funcionarios y trabajadores de empresas privadas, como rehenes para exigir al gobierno federal acceda a sus demandas. Mientras, por el otro lado, la gente del concejo municipal y Gabriel Montoya mantienen prácticamente “acorazada” a la cabecera municipal a fin de impedir el ingreso de los opositores; protagonizando ambas partes constantes enfrentamientos violentos en diversos puntos. No se vislumbra hoy una salida sencilla al conflicto. Se trata pues de un conflicto estrictamente político que tiene secuestradas a miles de familias para quienes la violencia y la incertidumbre se ha convertido ya en “el pan de todos los días”.