América Latina da un mensaje de unión tributaria
El pasado 27 y 28 de julio tuvo lugar en Cartagena, Colombia, la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. Esta Cumbre, anunciada en enero anterior por el Gobierno de Colombia y que contaba con el apoyo de los gobiernos de Brasil y Chile, así como de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dio como resultado la creación de una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria. Ante la magnitud de este evento –que además contó con la participación de representantes de organismos internacionales, sector privado y la sociedad civil– es pertinente señalar los acuerdos logrados y analizar algunos elementos que muestran que éste es un buen punto de partida para la coordinación regional para una política tributaria justa. Los acuerdos alcanzados por los representantes enviados de 16 países se materializaron en una declaración conjunta, la cual estableció que las políticas tributarias, tanto internacionales como nacionales, deberán ser incluyentes, equitativas y sostenibles social y ambientalmente. Para ello, fue creada la Plataforma Regional como órgano político de negociación y coordinación. Esta plataforma tendrá como objetivos construir una posición unificada a nivel regional de cara a los debates internacionales, identificar mejores prácticas de políticas tributarias regionales y crear un proceso de toma de decisiones transparente e incluyente. Así mismo, la Plataforma tendrá la siguiente estructura institucional: Consejo de Ministros, Presidencia Pro Témpore Rotatoria por 12 meses (inicia Colombia), Secretaría Técnica de la CEPAL y Grupos de Trabajo Técnico (con la participación de la sociedad civil, academia y sector privado). En este proceso de negociación la sociedad civil tuvo una activa participación. Ello no solo confirmó la tendencia de los últimos meses, en cuanto al gran interés de diversas organizaciones civiles de sumarse al debate en torno a la tributación regional, sino que, además, permitió la entrega formal a los ministros de 10 recomendaciones sobre política tributaria previamente discutidas y acordadas por la sociedad civil. Al respecto, cabe señalar que de forma paralela a la Cumbre más de 120 personas de 60 organizaciones de 20 países estuvieron reunidas en días previos. Estos encuentros tuvieron como objetivo analizar y discutir propuestas, ideas, evidencias y recomendaciones para una política tributaria regional más justa. Dicho lo anterior, ¿es posible considerar los avances y acuerdos de Cartagena como un bueno punto de partida hacia una política tributaria regional incluyente, equitativa y que defienda los intereses de la región? La respuesta es que sí. Un primer elemento para
pensar en ello está relacionado a la inclusión de la sociedad civil en los procesos de negociación de la Plataforma por medio del establecimiento de un Consejo Consultivo Permanente dentro de los Grupos de Trabajo Técnico. Este Consejo estará conformado por representantes de la sociedad civil y aunque aún se desconoce la reglamentación concreta que tendrá, permite vislumbrar procesos de toma de decisiones sobre política tributaria más incluyentes y transparentes. La conformación de este Consejo Consultivo Permanente abre la posibilidad para que los insumos, estudios, evidencias, datos, argumentaciones y propuestas de la sociedad civil puedan escucharse y analizarse de forma constante. Ello significa que, aquellos grupos que han sido históricamente ignorados en las discusiones y debates en torno a la política tributaria tengan representación y participación, al mismo tiempo que supervisan el accionar de las autoridades. Un segundo elemento tiene que ver con la confluencia o sinergia aparente entre los temas de política tributaria priorizados por las autoridades y los temas prioritarios entregados por parte de la sociedad civil. Una vez conformada la Plataforma, las autoridades seleccionaron 3 temas prioritarios por trabajar durante el primer año. Los 3 temas concertados fueron: 1) Progresividad del sistema tributario, 2) Beneficios Tributarios y 3) Tributación ambiental, digital y de nuevas formas de trabajo. Además, recalcaron la importancia de vincular los derechos humanos como eje transversal de la política fiscal. Estas temáticas se empalman con las subrayadas por la sociedad civil. Para estos últimos, tanto la progresividad del sistema tributario y la reglamentación y mejor uso de los beneficios fiscales, como la incorporación del principio de derechos humanos en todo el abordaje de la política tributaria (incluido los derechos ambientales) son prioritarios. Además, ambos sectores coincidieron en la priorización de la tributación internacional y posibles impuestos a multinacionales de cara a las negociaciones globales en la materia.
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