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  • AFP

Ante la pandemia, las más afectadas ya sabemos quienes son


Una recuperación justa y resiliente no sólo conlleva restablecer las economías y los medios de vida, sino también garantizar el bienestar a largo plazo de las comunidades y, en especial, de las poblaciones más afectadas por los estragos de COVID-19. Es por ello que una de las medidas que deben priorizarse para reconstruir mejor es atender aquellas afectaciones colaterales que intensificaron las condiciones de vulnerabilidad de poblaciones históricamente discriminadas. En México, uno de estos aspectos es el deterioro de la salud mental de las mujeres ante el contexto de pandemia, condición que debe ser tratada como un problema de salud pública debido a sus implicaciones en términos de derechos humanos, proyecciones demográficas y ante sus impactos en los medios de vida de las mujeres y sus hogares. Primero, es necesario reconocer que se trata de un problema de género: los resultados de ENCOVID-19 reflejan que 10 % más de mujeres registró síntomas de ansiedad en comparación con la cantidad de hombres que los presentaron. Asimismo, más de 25 % de las mujeres reportaron síntomas de depresión; es decir, el doble de prevalencia reportada por ellos. Si bien estas cifras reflejan que tanto hombres como mujeres han sufrido afectaciones en su salud mental en el contexto de la pandemia, también revelan una disparidad, cuyas causas están relacionadas con la permanencia de roles y estereotipos de género en nuestra sociedad. Antes de la pandemia, la probabilidad de que una mujer desarrollara depresión a lo largo de su vida era el doble respecto a los hombres; sin embargo, el COVID-19 aumentó la probabilidad de presentar estos malestares, debido a la intensificación de otras brechas relacionadas con el aumento del trabajo no remunerado y remunerado; la disminución de su participación en el mercado laboral y el aumento de la incertidumbre laboral, así como por la intensificación de la violencia de género en el hogar ante el confinamiento. Este fenómeno requiere la intervención del gobierno debido a los retrocesos que supone para la agenda de género, pues sin acceso efectivo a servicios públicos en salud mental y con perspectiva de género, las mexicanas con algún padecimiento tienen mayor riesgo de convertirse en sujetos marginados del ejercicio de los derechos que les corresponden. Esto debido a que los trastornos de salud mental dificultan su participación en actividades de la vida social comunitaria y la interacción armónica en espacios como la escuela, la familia, el trabajo y la vida política, etc. Es decir, existe el riesgo de que los avances que han alcanzado las mujeres en el terreno de lo público se vean amenazados ante la falta de tratamiento efectivo de malestares discapacitantes, que pueden impedirles la participación activa en la construcción del progreso de sus comunidades. Por otro lado, los impactos económicos de esta problemática también son alarmantes. A nivel macro, ya se tenía una condición de una subparticipación de las mujeres en el mercado laboral en comparación con otros países de la OCDE, situación que se agravó con la pandemia. Dentro de los hogares donde los impactos son mayores, ya que la afectación de salud mental de un integrante de una familia tiene repercusiones en todos sus miembros. Específicamente, si no se atienden oportuna y adecuadamente los malestares en términos de salud mental de madres, padres y cuidadores, estos no tendrán la capacidad de llevar a cabo sus labores de cuidado y crianza. Dicha situación, a su vez, puede tener repercusiones fuertes tanto en la propia salud mental de los menores, al estar sometidos a las presiones de los adultos dado el confinamiento durante la pandemia, quienes pueden llegar a experimentar dificultades en cuanto a sus capacidades de aprendizaje, trabajo en equipo y construcción de relaciones en el largo plazo o incluso verse inmersos en situaciones de violencia intrafamiliar.

Teniendo en cuenta este panorama, no solo es necesario mejorar los servicios públicos de salud mental que están vigentes, sino hacerlos parte de la estrategia de transversalización de la perspectiva de género que marca el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, para abordar esta problemática desde un enfoque sistémico, que reconozca que el fenómeno está íntimamente relacionado con la persistencia de atribuciones de género en la sociedad mexicana.

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