Ante migración con necesidades de protección internacional, México no es apto

En 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 20 de junio como el Día Mundial del Refugiado en honor a las personas cuya vida, libertad y/o seguridad, o la de sus familias, están en peligro y son forzadas a salir de su país en búsqueda de protección internacional. Durante los últimos años, la REDODEM ha documentado la creciente diversificación de los perfiles sociodemográficos de la movilidad internacional, reflejada en variables como país de origen, edad y escolaridad. Este hecho demuestra que más personas y familias están siendo forzadas a salir de sus lugares de origen, lo que advierte: primeramente, el incremento en el número de personas con necesidad de protección internacional y con necesidades de protección especial, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, y en segundo, que los factores expulsores que obligan a las personas a salir de su lugar de origen se han multiplicado, extendido y agravado.

Pese a esta nueva realidad, el sistema de refugio en México presenta un rezago considerable con respecto a la emisión de resoluciones desde el año 2017. Debido a esto las personas solicitantes de esta condición se encuentran varadas, resistiendo procesos extenuantes, viviendo en situación de calle y/o en condiciones de alta precariedad, pues deben esperar, incluso años, para poder tener una resolución. De acuerdo con datos públicos de la COMAR, en México, en el periodo de 2013 a 2023, 483,107 personas solicitaron refugio, pero solo fueron reconocidas positivas 99,920 (20.68%), se otorgó protección complementaria a 9,177 (1.89%) y 44,836 fueron rechazadas (9.28%). Un rezago de casi el 70 por ciento del total de solicitudes. La gestión migratoria en México no está a la altura del desafío que representa ser el tercer país a nivel mundial con mayores solicitudes de refugio y protección complementaria.

La COMAR no cuenta con los recursos humanos, técnicos y presupuestales para que el Estado mexicano cumpla su obligación de garantizar el derecho al refugio. Las prioridades de la gestión actual se observan en los presupuestos asignados: el INM tiene asignado un presupuesto en 2023 de mil 769 millones de pesos, 36 veces más que el presupuesto otorgado a la COMAR de 48 millones de pesos para el mismo año.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, es fundamental que el gobierno mexicano reconozca la complejidad de esta nueva realidad migratoria y tome las medidas positivas necesarias para garantizar el derecho al refugio y la protección internacional de miles de personas y familias forzadas a dejar sus países de origen y solicitar asilo. Para ello, hay que recordar que la obligación del Estado mexicano frente al derecho al refugio significa la aplicación de una serie de medidas para que todas las personas solicitantes de esta condición accedan: i) a información clara y suficiente (incluyendo traductores o intérpretes, así como asistencia jurídica) para poder presentar su solicitud ante la COMAR; ii) al debido proceso, incluyendo plazos de respuesta aceptables; iii) a condiciones básicas de acceso a trámites y servicios públicos durante sus procesos; iv) a no ser deportados a sus lugares de origen durante la vigencia de su proceso, entre otras condiciones. También significa el establecimiento de medidas para que, de manera interinstitucional y coordinada, los tres órdenes de gobierno brinden los servicios que les garanticen una vida digna, tomando en cuenta sus necesidades de protección especial.

México ya dejó de ser sólo un país de tránsito; se ha convertido en un país de destino para miles de personas, sobre todo por las altas restricciones y barreras para solicitar asilo en Estados Unidos. Esta tendencia se mantendrá, e incluso como REDODEM prevemos que se agudizará en los próximos meses, ante la deportación de miles de personas que no van a poder aplicar a los programas de asilo en Estados Unidos. El Estado mexicano tiene que estar a la altura de este desafío, es su obligación.