• Redacción

Chiapas vuelve a recrudecerse


Chiapas ya se volvió como un estuche de monería, solo está el turismo y la cultura, sino la delincuencia, inseguridad, homicidio sino además la violencia en comunidades indigenas.

Precisamente ahora se está generando una situación bastante delicada, en Aldama donde no termina la violencia.Recordemos que en este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán, su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo.

Las denuncias, los llamados de auxilio, las reuniones con autoridades de gobierno, los heridos, los muertos, no logran detener la impunidad con la que civiles armados atacan una y otra vez a las comunidades de Chiapas. Una violencia que tiene rostros, tiene origen, tiene antecedentes y tiene un alto grado de impunidad. En Aldama ya no se puede vivir, más de 2 mil personas viviendo en situación de desplazamiento forzado dan cuenta de ello. El asesinato de Ignacio Pérez Girón, líder comunitario y autoridad de Aldama, es una muestra de ello. Pérez Girón, en los años en los que se recrudeció la violencia y agresiones en Aldama, fue una de las voces que llamaron a la cordura y a la pacificación. Apenas a inicio de este 2019, fue una de las voces que habló en una reunión en la que sostuvieron habitantes de la zona, con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para pedir por enésima ocasión su intervención.

Por ello, resulta poco creíble que autoridades del gobierno atribuyan su muerte a un intento de extorsión con fines económicos. ¿Qué intereses se mueven? tras la complicidad e impunidad con la que operan los grupos de civiles armado en Aldama, en Chenalhó, en Chilón, Yajalón, Chalchiuitán, Sitalá, entre otros municipios? La teoría sobre la disputa por tierras resulta inverosímil ante la magnitud de la violencia, y la inversión que se requiere mantener la operatividad de estos grupos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y organizaciones que han acompañado a los afectados por la violencia en la zona, lo resumen en una frase: El Estado mexicano (es) omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar. Por ello, ante el incremento de la violencia en Los Altos, organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron su preocupación, por la misma situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios, quienes viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región. En este escenario, el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas, las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

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