• Redacción

Damnificados y defraudados por sismo del 2017


Es una pena que después de tres años de que se suscitara un sismo en nuestro estado, sigan las irregularidades en la reconstrucción. Recordemos un poco de lo ocurrido; el jueves 7 de septiembre de 2017 a las 23:49 horas, las alarmas sísmicas percibieron un poderoso movimiento de magnitud 8.2, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan. El terremoto derribó casas, edificios, templos, bardas y dañó hospitales y carreteras. En Chiapas, murieron 16 personas y 14 mil comunidades de al menos 97, de los 124 municipios del estado resultaron afectados, los mayores daños en la región costa. Más de 338 mil personas lo perdieron todo. Y después del caos, el gobierno federal y estatal se comprometió en apoyar a los damnificados, a decir verdad existió irregularidades por todos lados. Todos aprovecharon el momento para querer hacer su agosto. El año pasado, informaban que la reconstrucción de viviendas aún era  lenta, sobre todo en las comunidades rurales. Incluso en Villaflores, uno de los municipios con más afectaciones, con un reporte de que más de cinco mil viviendas resultaron dañadas, los habitantes al quedarse a la deriva optaron por reconstruir sus viviendas con créditos que pudieron conseguir por sus propios medios. Hasta en ese momento, después de dos años, el gobierno de Chiapas aseguraba que no hay una fecha estipulada para culminar la reconstrucción, pero si hay voluntad de las autoridades federales para reactivar el pago de sus apoyos para reparar o construir sus viviendas. Eso no paso obviamente, porque a casi tres años del sismo, cientos de damnificados en Chiapas denunciaron un presunto fraude a gran escala por parte de funcionarios de una asociación, en colusión con una asociación responsable de las reconstrucción de sus viviendas. Damnificados de los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Villaflores, denunciaron que tras su reclamo, en octubre del 2019, por fin les asignaron recursos para la reconstrucción de las viviendas, sin embargo, este recurso no llegó directamente a sus manos. Para la reconstrucción de sus viviendas, se usó como intermediaria dicha asociación. Los montos iban de los 80 hasta los 220 mil pesos para la reconstrucción de las viviendas de las familias damnificadas, según el daño parcial o total en las casas.

Por lo que indican los inconformes, es que se encontraron ansiosos de ver la reconstrucción, todas las familias firmaron documentos en los que cedían que la AMUCSS fuera la intermediaria, sin embargo, la asociación civil se demoró y tras el reclamo empezó a reconstruir, pero con material de mala calidad. Demasiado tarde, cuando los damnificados se dieron cuenta que había existido un posible fraude; la empresa no cumplía con requisitos indispensables para construir viviendas firmes y seguras. Hasta el momento las familias se dijeron engañadas y víctimas de un posible fraude cometido. Ciertamente todos debemos estar pendiente de todo, como por ejemplo ahorita, se empieza a hablar de un supuesto fraude después de que han pasado casi tres años por el sismo; ¿qué podemos esperar ahora con la situaciones de la emergencia de salud?.

Ahora los damnificados piden ser atendidos por el gobernador del estado, Rutilio Escandón, porque la preocupación es que si se viene otro sismo por la mala calidad del material que usaron para la reconstrucción de viviendas no va a aguantar y será lo mismo, por lo que peligran muertes y perdidas de casas. Y es que ese es el detalle, muchos se aprovechan de las vulnerabilidades del pueblo para hacer su agosto y no se vale. Solo queda esperar las  acciones que tomará el gobierno; por ahora es otra su preocupación pero no esta demás recordarle que aun sigue vigente los daños causados por el sismo del 2017.

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