• RUBÉN PÉREZ

Denuncia Colectivo represión y violencia contra migrantes y defensores de derechos humanos

Tuxtla.- El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (Comdhsem) evidenció el uso ilegítimo y excesivo de la fuerza en contra del grupo de personas que iniciaron un recorrido de forma colectiva buscando salir de Tapachula el pasado 23 de octubre.



Comentó que elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a casi 50 personas que se habían rezagado, en su mayoría mujeres, niñas y niños.


Posteriormente, relató, hubo otro intento de detención con alrededor de 70 elementos de la GN con equipos antimotines. “Acciones de contención y agresión ante las que algunas personas del grupo respondieron”.


A lo largo del día, recordó, el grupo avanzó a pie y en vehículos de personas a título personal que les apoyaron en este tramo de la carretera. “En su gran mayoría, llegaron a Tonalá donde pernoctaron entre mil 200 y mil 300 personas. Han recibido atención médica y alimentos por parte del municipio, de la sociedad civil y de personas a título personal”.


Además, expuso que, a lo largo del camino, el grupo conformado por un porcentaje importante de personas con perfiles de alta vulnerabilidad, entre ellos familias con niñas y niños en brazos y en carreolas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas en silla de ruedas, personas adultas mayores y personas de la comunidad LGBTIQ+, ha avanzado bajo el asedio del INM, la GN y otras fuerzas de seguridad estatales y municipales.


“Estos agentes han detenido o retornado a Tapachula a decenas de las personas que conforman el grupo, incluidas personas con necesidades de protección internacional”, puntualizó.


En las últimas dos semanas, comentó a través de un documento, “hemos denunciado el feminicidio de una mujer haitiana y el asesinato de dos personas resultado de disparos de la GN contra un vehículo donde iban 13 personas migrantes. En ambos casos llamamos a la investigación de los hechos, justicia para las víctimas y la desmilitarización de la política migratoria”.


Asimismo, recordó que denunciaron el intento de detención de Heyman Vázquez, párroco de Huixtla, por parte de elementos del INM y de la GN al trasladar a personas migrantes al hospital.


“Nos preocupa de sobremanera la escalada en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos de las personas en movilidad en la frontera sur de México, y los riesgos a la vida, integridad y seguridad de las y los defensores, así como, en consecuencia, los riesgos para las personas migrantes”.


El grupo de personas que camina por el estado, dejó en claro, busca condiciones de vida digna, así como respuestas a sus trámites de regularización y refugio. “Sus exigencias son el cumplimiento de las obligaciones del Estado por parte de las instituciones mexicanas, que hasta ahora no han sido cumplidas”.


Consideró que la política migratoria mexicana actual, el contexto de violencia y las expresiones de racismo, discriminación y xenofobia orillan a las personas a condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, y a buscar otras opciones para la vida, la integridad y la dignidad. “Estas decisiones no se deben criminalizar y tampoco justifican la represión con violencia”.


Lo más lamentable agregó, es que por meses ha documentado y denunciado violaciones sistemáticas a los derechos de las personas y las respuestas por parte de las instancias con mandatos de protección y garantía de derechos de todas las personas en nuestro país han sido escasas.


“La situación general es una de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, que incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicha situación requiere una respuesta integral y urgente”, comentó.

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