Desplazamiento forzado

Carteles. Balaceras. Secuestros. Extorsiones. Reclutamiento. Desapariciones. Crimen organizado. Palabras y nuevas preocupaciones que se han integrado a las conversaciones y a las dinámicas de vida en Chiapas en los últimos años. En el año 2022 se registró uno de los primeros eventos que desataron la ola de violencia actual en Chiapas. El 22 de mayo de ese año, siete hombres fueron asesinados en el municipio Marqués de Comillas, municipio ubicado en la Selva Lacandona y colindante a Guatemala. En septiembre del 2022, un grupo armado asesinó a 5 personas en Chenalhó, uno de los municipios con mayor número de desplazamientos forzados a causa de la crisis de violencia en el estado. Además de esto, se registraron emboscadas y enfrentamientos entre nuevos grupos de autodefensas en este mismo municipio junto con Pantelhó, ambos ubicados en la región de los Altos de Chiapas. El 29 de agosto del 2023, miembros del llamado Cártel Chiapas Guatemala se adjudicaron el asesinato de ocho miembros supuestamente ligados al Cártel de Sinaloa. Estos son solo algunos de los muchos eventos violentos registrados en Chiapas durante los últimos años a causa de la violencia criminal y que, hoy, representan un problema prioritario en un estado olvidado, empobrecido y marginado por las políticas económicas, sociales y de seguridad en México. Con datos actualizados al 20 de septiembre del 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) registró un total de 2,131 delitos contra la vida y la integridad corporal en el estado. 47.67 % de estos delitos corresponden a homicidios dolosos. Conforme a la información publicada, los primeros cinco meses del 2024 han sido los de mayor número de casos desde el año 2015, comparando periodos similares. Es así como el 2024 se perfila como uno de los años más violentos registrados en el estado, considerando que muchas personas no denuncian por falta de acceso al sistema de justicia. Desde 1997, y a raíz del incremento de la violencia vinculado al surgimiento de grupos paramilitares y eventos trágicos como la Masacre de Acteal (22 de diciembre de 1997), no se había registrado un incremento del desplazamiento forzado de la magnitud actual. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señala que el desplazamiento forzado por la violencia criminal en Chiapas es un fenómeno que ha surgido recientemente y se ha integrado a las nuevas lógicas de vida de comunidades que habían vivido en relativa paz. A pesar de esto, comunidades enteras han sido víctimas del desplazamiento forzado a lo largo del tiempo, impulsado en gran medida por intereses políticos y económicos de las élites en el poder. Incluso, algunos de estos desplazamientos forzados han sido motivados por conflictos étnicos y religiosos en la región. El incremento del desplazamiento forzado de comunidades en los últimos años ha sido efecto de la violencia generalizada en el estado, específicamente por la disputa entre los grandes grupos criminales que hoy pelean en la región, utilizando estrategias violentas para imponer sus intereses con el objetivo de facilitar el transporte y producción de productos ilícitos en el estado.

La tierra fértil de Chiapas es un paraíso para el crecimiento y desarrollo de los mercados ilegales que operan a lo largo del territorio mexicano. De acuerdo con el reportaje Chiapas, territorio tomado de El País, Chiapas es hoy un territorio en disputa entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En esta disputa, las fronteras entre municipios y regiones afectadas se disipan ante el incremento de la presencia de estos dos carteles y el surgimiento de nuevos grupos criminales, como el Cartel Chiapas-Guatemala. La lucha por el control de la frontera sur y de las rutas criminales de la región ha causado el desplazamiento de miles de personas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró el desplazamiento de 2,300 personas solo en el periodo del 15 al 23 de enero del 2024 en municipios como Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia. El día 24 de julio, Proceso registró la salida de casi 600 personas de los municipios de Amatenango de la Frontera y de Mazapa de Madero en Chiapas a Guatemala. El 21 de agosto, Cambio de Michoacán registró el desplazamiento de 53 familias en el municipio de Chicomuselo debido a los enfrentamientos por la disputa de territorios. La pérdida de redes de apoyo en las comunidades y la interrupción de las actividades económicas agravan las condiciones de vulnerabilidad de quienes son forzados a desplazarse, perpetuando ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión en la región. Asimismo, persiste el abandono y la prolongación de la crisis que enfrentan las personas desplazadas de comunidades indígenas y campesinas a causa de la violencia generalizada provocada por la acción de grupos armados paramilitares en el estado de Chiapas. El aumento de la crisis de violencia en la región perpetúa la invisibilización de las violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos de pueblos enteros e imposibilita el acceso a la justicia por parte de estos. La búsqueda de paz en el estado implicará el rompimiento de los pactos de impunidad, la implementación de políticas de desarrollo social profundas y, en el mejor escenario, el rompimiento de las dinámicas que contribuyen al aumento de la vida criminal en la región. Es una responsabilidad compartida el no dejar de velar por Chiapas y sus pueblos.