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EDITORIAL

El patrocinio de la política


En junio de 2023, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que él no aceptaría los cinco millones de pesos que ofreció la dirigencia nacional de Morena a cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial que, en ese mes, iniciaron sus recorridos por el país. Muy ufano, López aseguró que él mismo financiaría su precampaña anticipada y se lanzó a la aventura. Además de lo irrelevante de su mensaje político, muy pronto llamó la atención el dispendio de recursos en sus mítines y, sobre todo, en la publicidad de su imagen. El paisano el presidente inundó el país con publicidad en mobiliario urbano, anuncios espectaculares colocados en carreteras y avenidas, bardas, publicidad móvil en autobuses y microbuses. Y, en sus mítines, era notorio el reparto de camisetas, gorras, agua, comida. Cuando los reporteros le preguntaron sobre sus gastos, él mostró apuntes que hizo en una servilleta de papel, en la que “reportaba” haberse gastado 395 mil pesos entre el 19 y el 25 de junio. Y todavía se dio el lujo de decir que no tenía obligación legal, aunque sí moral, de transparentar sus egresos. Pese al derroche, nunca quedó claro para qué quería ser presidente y su campaña fue un rotundo fracaso: fue tan insustancial su mensaje y tan obvio su derroche, que la militancia morenista terminó dándole apenas un 11 por ciento de las preferencias en las encuestas, casi empatado con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Hoy sabemos que su periplo fue una de las aventuras políticas más inútiles y costosas de la historia. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral acaba de concluir la revisión de los informes de gasto que presentó Morena sobre su proceso interno de selección de la coordinadora de la “defensa de la transformación”, y una serie de auditorías a los recorridos, asambleas informativas y despliegue propagandístico de López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco y Noroña. En ese informe, que deberá ser aprobado en esta semana -junto con las multas a las que se hará acreedor el partido-, hay hallazgos que contradicen por completo los discursos de austeridad y transparencia con los que el partido oficial ha hecho apología de sus liderazgos y denostado a sus opositores. El caso de Adán Augusto López es el más grave y significativo. Él le reportó al partido -y a su vez, éste al INE-, que tuvo ingresos por 3.5 millones de pesos.


A diferencia de sus compañeros, que reportaron como ingresos fundamentales el dinero que les transfirió Morena, López aseguró que 1.6 millones fueron aportados por sus simpatizantes y 1.9 millones por él mismo. Además, el INE le encontró ingresos no reportados por 592 mil pesos. Pero lo realmente grave viene en el rubro de gastos: López le dijo a su partido que sólo había gastado 3 millones 543 mil pesos, pero los auditores del INE detectaron que tuvo gastos por otros 23 millones 133 mil pesos, que trató de ocultar. Sólo en anuncios en vía pública, los monitoreos del INE permitieron ubicar publicidad con un costo de 17.1 millones de pesos; además, los verificadores del INE encontraron que sus mítines costaron mucho más de lo que él reportó, y que el uso de sillas, templetes, lonas, equipo de sonido, transporte de militantes habría sumado gastos por 5.8 millones de pesos, que también intentó ocultar. Haciendo cuentas, la pregunta es obvia e inevitable: si el ex secretario de Gobernación (“hermano postizo” del presidente) sólo transparentó ingresos por 3.5 millones de pesos, de dónde salieron los otros 23 millones que sí gastó, y que trató de ocultarle a la Unidad de Fiscalización del INE. Los procesos internos, tanto en Morena como en la oposición, transcurrieron al margen de la ley, que señala que las precampañas debían comenzar hasta el 20 de noviembre. Fueron un acto de simulación que ni el INE ni el Tribunal Electoral pudieron frenar. Ante las campañas anticipadas, consejeros y magistrados apenas pudieron regular los procesos, ponerle reglas de equidad que fueron burladas y mecanismos de fiscalización que, por lo visto, tampoco fueron respetados por las y los aspirantes.

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