El proyecto de nación depende de los más de 19 mil servidores públicos

A 17 meses de las elecciones de 2024, el presidente de la República ha iniciado una serie de reuniones con los servidores de la nación, la estructura encargada de llevar los programas del bienestar a todos los rincones del país. Quiere aceitar la maquinaria que puede garantizarle que Morena siga ganando elecciones. Los números del presidente son contundentes: tan sólo en este 2023, esos funcionarios, promotores de a pie de la llamada “Cuarta Transformación”, serán los encargados de dispersar 600 mil millones de pesos de los Programas del Bienestar entre 25 millones de beneficiarios directos.

Por la importancia de esta estructura para su proyecto y su “movimiento”, el presidente decidió dedicar tres días a encabezar reuniones con los servidores de la nación de siete entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Morelos. En esas congregaciones multitudinarias conminó a sus representantes a redoblar el paso, ajustarse el chaleco guinda y no dejar sin visitar a una sola persona que demande una beca, un apoyo, una pensión. En la reunión del viernes por la noche en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México, el presidente conminó a estos funcionarios a hacer un calendario para la dispersión de recursos y asegurarse de que el Banco del Bienestar opere como una máquina de relojería. “Tiene que ser perfecto”, les advirtió.

Según les dijo el presidente, los servidores de la nación son los funcionarios más importantes de la “Cuarta Transformación”, mucho más que los que están detrás de un escritorio, pues son quienes están en contacto directo con el pueblo, recorriendo las comunidades, llegando a todos los rincones de la patria. El presidente sabe, también, que el 2024 depende de ellos. Quizás por eso, el viernes anunció que piensa realizar 3 mil asambleas con servidores de la nación, pues se les agota el tiempo, y por ello ordenó que a más tardar en julio estén operando 3 mil sucursales del Banco del Bienestar, infraestructura clave para la transferencia directa a los beneficiarios.

La estructura de Servidores de la Nación nació en el proyecto de López Obrador desde la campaña de 2018 para promover el voto, coordinada desde la dirigencia nacional de Morena. Comenzó a materializarse como aparato de gobierno en la etapa de transición, entre julio y noviembre de ese año. En ese periodo, los servidores recibieron un sueldo para hacer un primer recorrido por todo el país y levantar el Censo del Bienestar, que resultó clave para el diseño de los programas sociales de la 4T y de un primer padrón de beneficiarios.

El ejército de servidores fue ideado y operado por Gabriel García Hernández, un antiguo colaborador y operador financiero de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, en la asociación Honestidad Valiente, en Morena y en la Presidencia de la República. De 2018 a 2021, Gabriel García fue el coordinador de los Programas del Bienestar y jefe de los 32 subdelegados que, a su vez, son los encargados de bajar los programas sociales en sus estados y coordinar a los servidores de la nación. García fue sustituido por Carlos Torres, el secretario técnico de la Presidencia de la República, quien asumió en el mismo cargo las funciones de la coordinación de Programas del Bienestar.

En las elecciones locales de este sexenio, PRI, PAN y PRD han interpuesto varias denuncias en contra de esta estructura, e incluso recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del INE a emitir reglas para impedir que los Servidores de la Nación sean al mismo tiempo promotores del voto en favor del partido en el gobierno. El INE emitió lineamientos “de cancha pareja” en diciembre del año pasado, en los que reitera la prohibición de utilizar los programas sociales como instrumento de campaña, básicamente impidiendo que se hagan entregas masivas de recursos o propaganda al respecto en tiempos de campaña.

Pero la principal prohibición para que los programas sociales se manipulen con fines electorales está en la Constitución, en la que fue precisamente López Obrador quien promovió que se incluyera como delito grave la compra y coacción del voto. Hay una línea muy delgada entre el reparto de programas sociales a población que, evidentemente, necesita de esas becas y pensiones, y la promoción de un proyecto de gobierno absolutamente mimetizado con el discurso del partido.