Elección Judicial ante baja participación

La elección judicial se llevó a cabo con una bajísima participación ciudadana, lo que debe entenderse como expresión inequívoca de que debe revisarse su diseño. De acuerdo con las autoridades electorales, participó alrededor del 13 % del padrón electoral. Más que en la consulta sobre la investigación de expresidentes, menos que en la revocación de mandato del pasado sexenio y mucho menos que cualquier elección intermedia o sexenal. Claramente, el tránsito a un modelo de jueces electivos no generó en la ciudadanía el entusiasmo democrático que sus impulsores anticipaban. Y así como en el pasado se insistió en que el mandato de las urnas en 2024 era de un incuestionable respaldo a la agenda del llamado “Plan C”, ojalá que ahora con algo de humildad se acepte que el desdén de los mexicanos y las mexicanas frente a la elección judicial es un mensaje de interpretación obligada. El 87 % del padrón no acudió a las urnas, dando la espalda a la jornada, que para mayor tristeza quedó marcada por la inexplicable presencia militar en un espacio emblemático del Instituto Nacional Electoral. Y a ello habría que añadir, claro está, los enormes costos del proceso: el de dejar afuera recursos humanos valiosos y honestos que hacían parte de los poderes judiciales, y que no se ajustaban a las generalizaciones burdas que desde el Ejecutivo se hicieron; el de la imagen internacional del país, pues la cobertura mayoritaria de la prensa internacional no fue positiva, y el propio costo del proceso, en un contexto de estrechez presupuestal y múltiples necesidades.

Basta, para estimarlo así, con considerar lo que habrían significado los 40 mil millones de pesos que se proyecta costó este proceso, en agendas tan urgentes como el afrontamiento del rezago forense que afecta a las y los familiares de personas desaparecidas. La baja participación en la elección judicial, en suma, debería llevar a revisar el modelo de personas juzgadoras electivas que adoptamos, e impulsar reformas sobre los aprendizajes que deja este fracasado ejercicio. No tenemos por qué asumir con resignación que estamos condenados y condenadas a padecer a perpetuidad las secuelas de un mal diseño institucional en materia de administración de justicia. También debería llevar a una reflexión más amplia sobre lo que sigue respecto de la culminación del llamado “Plan C”. Porque si en breve avanza una reforma electoral que se discuta y apruebe como la judicial, se profundizará la senda de la erosión constitucional en el país. Por lo pronto hoy, en el día después, la injusticia que más le duele al país, esa que genera la impunidad de los poderosos y que tanto enojo justificado causa, permanece igual: se gesta en miles de averiguaciones y carpetas de investigación que duermen el sueño de los justos en fiscalías que no fueron tocadas por las reformas atribuladas que nos llevaron a la fallida jornada del domingo pasado. Podrán cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales y posiblemente lo hagan para peor con la elección del domingo, pero el nervio neurálgico de la procuración de justicia, las rebasadas fiscalías que prodigan la impunidad, hoy que despertamos como el dinosaurio de Monterroso, siguen ahí.