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En México hay deficiencia en atención a delitos complejos


Realmente en México estamos consientes de lo ineficiente que ha sido los organismos de gobierno ante los delitos complejos y vaya que son muchos. El 12 de abril pasado el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) publicó el informe de su primera visita a nuestro país desde que el Gobierno mexicano reconoció su competencia. Los resultados coinciden con lo que el organismo había advertido previamente: investigaciones deficientes por parte de las autoridades, procesos de búsqueda lentos, ausencia de trabajo de campo, saturación de servicios periciales, los cuales no proveen medios de prueba científicos, incapacidad para identificar cuerpos y restos humanos localizados, sistemas forenses de información incompletos y desactualizados, falta de recursos humanos especializados y multidisciplinarios al interior de las fiscalías, entre otros elementos. El CED retrata las condiciones de impunidad estructural en casos de desaparición y hace patente la responsabilidad de las autoridades en lo que luce como el paradigma del crimen perfecto. Al día de hoy el número de personas desaparecidas casi alcanza las cien mil, de las cuales más de 67 mil han desaparecido durante la actual administración federal. Considerando lo anterior, según información proporcionada por México, al 26 de noviembre de 2021 sólo entre 2% y 6% de los casos de desaparición de personas han sido judicializados, y se han emitido únicamente 36 sentencias a nivel nacional, aun cuando los casos que son conocidos por las fiscalías alcanzan casi los cien mil registros. Este nivel de impunidad, rasgo estructural del sistema de justicia mexicano, favorece la reproducción y el encubrimiento de estos delitos y pone en riesgo a las víctimas y a sus representantes, y a la sociedad en su conjunto. Desde hace más de cuatro años contamos con una ley general que regula la coordinación de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas y en la investigación y sanción de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esta ley prevé la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual está a cargo de la política pública en la materia y de coordinar a las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno en la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas y no localizadas, así como en la investigación y sanción de estos delitos. El CED concluye que este sistema está debilitado, dada la falta de voluntad política conjunta en las autoridades involucradas. Es aquí donde resulta crucial poner atención en el desempeño de las fiscalías y, en particular, de la Fiscalía General de la República (FGR). El CED destaca la falta de colaboración eficaz, que se caracteriza incluso como conflicto institucional, entre la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de la ejecución y seguimiento de las acciones de búsqueda a nivel nacional, y la FGR. Y es que la Fiscalía ha interpretado su autonomía como una salida discrecional a través de la cual desatiende su competencia en la materia; una especie de carta blanca para no implementar mecanismos efectivos de comunicación, colaboración e intercambio de información. La FGR muestra poca disposición para atender las solicitudes de las comisiones de búsqueda, lo que afecta severamente la intervención de éstas, pues pese a estar a cargo de las búsquedas, carecen de facultades para realizar cateos, geolocalizaciones y para procesar evidencia y su cadena de custodia. Sin coordinación interinstitucional, cualquier investigación carecerá de datos relevantes para la comprensión, persecución y prevención del fenómeno criminal.

El informe del CED y las visibles deficiencias en el desempeño de la Fiscalía General de la República ponen de manifiesto la necesidad de analizar con detenimiento el arreglo nacional de competencias en la procuración de justicia, de tal forma que éste no sea un aliciente para mantener espacios de indefinición de competencias y, por tanto, de riesgos de impunidad. Al mismo tiempo, hay que vigilar con lupa los resultados de las fiscalías locales y de la federal, de manera que rindan cuentas sobre la persecución penal.