• AFP

En riesgo la supervivencia de los pueblos indigenas en México


Sembrar, cuidar la tierra, cosechar sus productos, realizar celebraciones religiosas y hasta pasear son actividades en las que tsotsiles y tseltales arriesgan la vida. En Chiapas, prácticamente no hay semana en la que no se registren ataques armados en las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó y otras. La vida de estas comunidades está en riesgo por las agresiones y los consecuentes desplazamientos forzados a manos del crimen organizado y de grupos originados en el paramilitarismo. El mismo sentimiento tienen, al otro lado de México, las y los habitantes rarámuri de Ejido Monterde y del Manzano, Chihuahua, víctimas de grupos políticos y criminales que les desplazaron de su territorio -por su ubicación estratégica, por las posibilidades de negocios o para la siembra ilegal de enervantes. Y en medio, los episodios de despojo, desplazamiento, violaciones a derechos humanos e impunidad se repiten. Esto es lo que ha podido atestiguar IPRI en su informe “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas en México”. IPRI es una organización internacional, liderada por reconocidas activistas indígenas de diversas partes del mundo, que fue fundada hace dos años por Joan Carling -quien recibió el prestigioso premio de la ONU “Campeones de la Tierra”- y por Victoria Tauli-Corpuz, exRelatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Su objetivo es poner un alto a la creciente criminalización contra los pueblos indígenas y a la impunidad en los ataques en su contra. Las comunidades sufren, en consecuencia, desapariciones, homicidios y un creciente desplazamiento forzado. Al ser arrancados de su tierra y arrojados al miedo y la incertidumbre, los pueblos no pueden seguir sustentando de la misma manera su vida material y espiritual. Su raíz les es arrebatada. Los atacantes han sido identificados por los propios pueblos como herederos del paramilitarismo, miembros del crimen organizado e integrantes de otras organizaciones armadas con raíz política, en complicidad con poderes políticos locales o regionales. A pesar de la gravedad del asunto, la respuesta del Estado -por acción o por omisión sigue permitiendo y fomentado el estado de las cosas. Las comunidades consultadas identificaron que el Gobierno simula atención -sobre todo en casos que tienen dictadas medidas cautelares a nivel nacional o internacional o de plano evade intervenir, escudándose en que se trata de “conflictos intercomunitarios”. O criminalizando a quienes son víctimas de los ataques. No es desconocido que los pueblos indígenas han desplegado múltiples estrategias para defenderse y afirmar sus derechos. Esto incluye el aspecto organizativo y la vía jurídica, en la que suelen entrar y jugar con desventaja. Sin embargo, no debemos perder de vista que, aunque los pueblos indígenas puedan desplegar infinidad de estrategias de defensa, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y garantizar sus derechos. Aquí algunas recomendaciones dirigidas a ellos; El establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a la libre determinación, a la autonomía y el derecho pleno al territorio. En particular, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado; La creación de una estrategia federal que rompa el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen. La protección efectiva de las comunidades bajo asedio a través de una política pública integral, que coordine acciones interinstitucionales que generen condiciones para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Adoptar medidas suficientes para garantizar a las comunidades indígenas víctimas de violaciones de derechos humanos condiciones para el acceso a la justicia. Implementar una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades, respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los Pueblos Indígenas. Las condiciones de asedio y desprecio a los pueblos indígenas en México, insistimos, ponen en riesgo su pervivencia. Las autoridades no pueden permanecer pasivas.

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