• Redacción

Entonces, ¿Incremento o no la violencia de género en México?


Se viene otra controversia y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha incrementado la violencia de género durante la cuarentena por COVID-19 en México. En cambio las organizaciones sociales, aseguran que las violencias contra las mujeres sí han aumentado durante la cuarentena. Y por lo mismo las organizaciones piden al gobierno que los programas de protección a mujeres, no tengan recortes. Recordemos que el 23 de abril el gobierno publicó, en medio de la pandemia por Covid-19, el decreto para aplicar medidas de austeridad en el aparato burocrático del país. Precisamente por ello, las organizaciones defensoras de los derechos humanos firmaron una carta para solicitar al gobierno federal que informe sobre los impactos que tendrá el Plan de Austeridad en los programas para la prevención de la violencia contra las mujeres. Lo que ellos quieren saber principalmente es que si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Todo esto para evitar el desvío de recursos, por ejemplo: algunos programas fueron reducidos, como el de Salud materna, sexual y reproductiva desde el 2019, por ello la necesidad de transparentar el destino de los recursos, con el fin de evitar su desvío y con ello la falta de operación adecuada de los programas de atención. Y respecto a lo que afirmo el Presidente de la República, causa controversia porque según datos recabados por las organizaciones, en marzo, los servicios de emergencia del país recibieron 26,171 llamadas relacionados con violencia contra la mujer, el número más alto desde que comenzó este mecanismo de apoyo, en 2016. Los datos registrados en todos los sistemas estatales 911 y compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras que el año pasado el récord mensual fue de 21,678 llamadas de auxilio por esta misma causa, durante la expansión de la pandemia por Covid-19 la cifra se disparó notablemente. La violencia contra las mujeres se evidencia no sólo en los asesinatos, sino también en la agresión que puede poner en riesgo su vida: casi 60% de las denuncias levantadas ante el Ministerio Público son por lesiones dolosas, básicamente por golpizas. Quienes afectan grandemente, sin duda es a las mujeres más vulnerables en casi todos los sentidos, las mujeres indigenas. Es lo mismo pero con sus puntos a resaltar;  es que pesar de que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres fueron declarados “esenciales” durante la pandemia, a los que atienden a mujeres indígenas el gobierno los dejó sin dinero en plena contingencia. Se trata de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs). Hay 35 en el país enfocadas sobre todo en dos vertientes: derechos sexuales y reproductivos, y prevención y atención de la violencia de género. Funcionan a través de subsidios del Programa de Derechos Indígenas, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). La convocatoria para acceder a ese dinero se publicó desde inicios de año y estuvo vigente durante todo febrero. Las encargadas de las CAMI presentaron sus informes de actividades del año pasado y sus proyectos para seguir trabajando este año, con montos que van de los 350 mil pesos al millón y medio para las que ya tienen más tiempo y servicios.

Los subsidios solían llegar en abril o mayo, aunque el año pasado ya se habían atrasado hasta junio. Pero el pasado 3 de abril, el INPI publicó el aviso de que se suspendía la publicación de resultados y, por lo tanto, la entrega de dinero de todas las convocatorias del Programa de Derechos Indígenas. El INPI, asegura ya no estar en sus manos la apelación del recurso, porque la Secretaría de Hacienda fue quién decidió reservar el dinero que estaba destinado a este programa para atender la contingencia por COVID-19. Y eso es precisamente lo que piden las organizaciones, la solicitud en la rendición de cuentas, la transparencia de qué implica este decreto de austeridad, cómo se van a aplicar los recursos existentes y hacen un llamado al Estado mexicano para que no haya recortes a ningún programa dirigido a garantizar los derechos humanos de las mujeres

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