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Entre libertad de expresión y seguridad personal


Cuando la ficción se hace realidad y nos supera comenzamos a vivir una realidad paralela donde al parecer cualquiera puede opinar y acusar sin fundamentos, cuando no se ponen a pensar que detrás de cada historia contada o investigación realizada por aquellos que ya no están quedo una familia desamparada y una creencia de hacer la diferencia en el medio de la información, que sin lugar a dudas es uno de los más afectados a nivel social. En días pasados, Jan Jarab representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación ante la violencia que se ejerce en contra del ejercicio periodístico y contra defensores. En el informe “Frente al riesgo y el caos” se indica que de 2000 a 2018 se documentaron 120 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor y que el sexenio pasado la violencia generalizada cobró la vida de 184 defensores. Tenemos que poner fin a las agresiones por parte de funcionarios públicos contra periodistas y defensores, los funcionarios tienen que condenar públicamente los ataques contra periodistas y defensores, advirtió.

Jarab enumeró algunas propuestas que reducirían los riesgos para ambas profesiones: eliminar los tipos penales que criminalizan a periodistas; reforzar el acceso y transparencia a la información, pues de lo contrario se aumenta el riesgo; modificar la ley sobre publicidad gubernamental para que no se pueda utilizar como factor de presión a los medios informativos; modificar el derecho civil para reducir el acoso judicial y se eviten demandas multimillonarias en contra de periodistas, generalmente por demandas frívolas. Por otro lado, Aarón Mastache, titular del Mecanismo Federal de Protección A Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo que de diciembre a la fecha se tienen en el Mecanismo a 948 personas entre periodistas y defensores, y podrían sumar para finales de año más de mil. Dijo que la violencia se ha incrementado contra periodistas en Quintana Roo, Tamaulipas y Guerrero. “Estamos haciendo un requerimiento presupuestal de 150 millones de pesos para poder dar protección a periodistas y defensores”. Solo basta recordar que en lo que del 2000 al 2019 suman 155 periodistas asesinados.

En nuestro estado tenemos varios temas pendientes entre ellos estamos a un desde el cobarde e infame asesinato del reportero chiapaneco Mario Gómez y los autores intelectuales de su crimen permanecen en la absoluta impunidad. Las autoridades judiciales parecen apostarle al olvido de un hecho cuya justicia ha llegado “a medias”, entre sospechas de complicidades evidentes y beneficios de inmunidad para asesinos aparentemente influyentes. Mario fue asesinado la tarde del 21 de septiembre de 2018 a las afueras de hogar, en el municipio de Yajalón, frente a su propio hijo. Dos personas sobre una motocicleta se aproximaron hacia dónde se encontraba y tiraron a matar. Fue una ejecución captada por cámaras de seguridad que registraron el aterrador momento.


Sin lugar a dudas, este modus operando que sucedió de forma similar con activistas es el ejemplo claro de lo que sucede con la mayoría de los asesinatos a periodistas y activistas en México, donde la justicia se reduce a la detención de chivos expiatorios o autores materiales para permitir que los verdaderos orquestadores de tan cobardes crímenes permanezcan en total impunidad.

Debemos entender que la polarización social y la descalificación hacia algunos periodistas alentadas desde diferentes sectores fomentan la división social y agudizan la situación crítica de violencia contra la prensa en México. Ademas se deben activar mecanismo reales y eficientes ya que las circunstancias como las que se viven desde hace años con alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país.

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