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Fáciles en Derechos Humanos


A partir de 2007, la violencia armada ejecutada por autoridades y grupos criminales en México tuvo un aumento alarmante, al igual que los delitos más violentos. Todas y todos lo sabemos: la guerra contra las drogas, emprendida por el expresidente Calderón, y continuada por sus sucesores, ha dejado una crisis de graves violaciones de derechos humanos. Esa crisis se reconoce en distintos instrumentos: el informe sobre la situación de los derechos humanos en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015, párr. 7); las conclusiones de la visita a México de quien en 2015 era el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein (OHCHR, 2015), e incluso se ha plasmado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del actual Gobierno de la República (2019), en su Plan Nacional de Desarrollo (2019) y en su Programa Nacional de Derechos Humanos (2020). Además, la semana pasada se dio a conocer el informe anual de la CIDH, cuyo capítulo V aborda la situación de México. Si bien la CIDH reconoció algunos avances –por ejemplo, legislativos–, en la realidad, las leyes, planes y políticas no se implementan adecuadamente, lo que ha permitido que se generen más violencias y continúe la impunidad. Algunas de las cuestiones que atiende este informe de la CIDH las destacamos a continuación: ¿Seguridad ciudadana en México?, en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, la CIDH, define la seguridad ciudadana como “aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas”. En ese sentido, la CIDH señaló en su informe que en algunos países de la región las fuerzas armadas “continúan participando en la investigación de los delitos -en particular en los casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado– en funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil”, actividades que, para el buen funcionamiento de un sistema democrático, deben corresponder a fuerzas policiales civiles”. No obstante esta y otras recomendaciones internacionales en contra, México sigue profundizando el esquema de militarización y militarismo. Por ello, la CIDH observó que, incluso si normativamente las reformas constitucionales determinaron que la Guardia Nacional es un órgano civil con funciones policiales, en su operación actual reconoce que esa corporación continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura de tipo militar en lugar de ser una institución de seguridad eminentemente civil. ¿Las mujeres contamos en México?; La violencia feminicida ha aumentado en los últimos años. México es un país donde más de la mitad de las muertes violentas se cometen con armas de fuego. Tal es el caso de la vinculación que existe entre el uso de armas de fuego y los homicidios dolosos de mujeres. En ese sentido, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) y citados por ONU Mujeres en el informe Violencia Feminicida en México, el 73% de los homicidios dolosos contra mujeres ocurren con armas de fuego. En la CMDPDH hemos documentado la poca –o en ocasiones nula– información que poseen las autoridades sobre los efectos diferenciados de las violaciones a derechos humanos en mujeres y niñas. La CIDH advirtió “con extrema preocupación la persistencia de altas tasas de violencia de género contra las mujeres en México, particularmente violencia feminicida, sexual y doméstica.”

(CIDH, 2022: párrafo 178) (resaltado nuestro). Además, destacó los hechos de violencia de género y uso excesivo de la fuerza contra mujeres en el marco de las protestas feministas y contra la violencia de género, como es el caso del 9N, que acompañamos desde la CMDPDH. El diagnóstico entonces, desde 2015 que la CIDH realizó su última visita a México y hasta ahora, continúa sin ser alentador en materia de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, particularmente de mujeres, migrantes, familiares de personas desaparecidas y defensoras de derechos humanos.