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EDITORIAL

García Luna verá aun más negro su panorama


Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano declarado este martes culpable de narcotráfico en un juicio en Nueva York, verá aun más negro su panorama ya que afronta además en Miami una demanda civil por lavado de fondos "robados" con la que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares. Esa cifra es la mencionada por el Gobierno de México, pero en la demanda tan solo se dice que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares, según una escala establecida. La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como "participante principal" de una "compleja" red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.

Esta acción legal está oficialmente "inactiva" desde diciembre pasado debido a una apelación aun no resuelta y es independiente de la causa penal abierta en los tribunales federales de Nueva York contra García Luna (2006-2012) por cuatro cargos de narcotráfico y uno migratorio. Por unanimidad el jurado neoyorquino halló ayer culpable de los cinco delitos al exfuncionario mexicano de 54 años, que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas) y puede ser condenado a cadena perpetua.

En esta otra causa civil en Miami, el exsecretario de Seguridad durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) está acusado de liderar una trama que "robó" fondos del Gobierno de México por medio de "contrataciones ilícitas" y luego "blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares".


En concreto, mientras fue secretario de Seguridad e incluso de después de dejar el cargo, García Luna contó con "una extensa red de socios" a través de la que obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano "por cientos de millones de dólares", según la demanda.

En la demanda se especifica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según una escala establecida por la justicia, pero desde México el Gobierno ha dicho que son 700 millones. Además del matrimonio García Luna, están demandados en Miami seis de esos socios por "lavar" presuntamente el dinero robado sobre todo mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.

El escrito judicial señala que cada uno de los participantes en esta trama, que operó por lo menos hasta 2018, tenía un rol específico.

La acusación dice que García Luna era el "arquitecto principal" y coordinó y autorizó "los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas", valiéndose "del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción".

Su esposa, de acuerdo con la UIF, participó de forma "activa" en esta trama, al encargarse de las operaciones diarias de la gestión de un dinero -que "sabía que le había sido robado al gobierno de México"- por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y "para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida", muchos de ellos ubicados en el condado de Miami-Dade.

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