Hay necesidad de una nueva fórmula para la política migratoria

Lamentablemente, la desaparición de personas migrantes en México no es un fenómeno nuevo, pero sí uno cuya complejidad y gravedad ha incrementado en los últimos años. Esto se debe a las múltiples causas que constituyen la condición de vulnerabilidad de los migrantes, a saber: las prácticas violentas de grupos criminales en las rutas del flujo migratorio como el tráfico de personas, la extorsión y el reclutamiento forzado de jóvenes, la presunta participación de autoridades coludidas con estos grupos, y la arbitrariedad de los tratos a los migrantes a raíz de la militarización en las fronteras norte y sur del país. Más aún, el problema radica en la existencia de políticas migratorias que han sido constantemente contradictorias. Aunque el marco legal en materia migratoria se ha formulado desde una preocupación humanitaria lo cual es visible en la despenalización de la entrada no oficial de migrantes en 2008, mecanismos de gestión migratoria como la Iniciativa Mérida de 2011, el Plan Frontera Sur de 2014, y los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) de 2019 bajo el gobierno de López Obrador, en la práctica han funcionado bajo la idea de que la migración es una cuestión primordialmente de seguridad nacional. Después de todo, la cuestión de los migrantes desaparecidos es intersecada por la lucha contra el narcotráfico y la presión estadounidense para la contención por medio de políticas unilaterales. Esto para decir que los migrantes son percibidos por el Estado y, según el aumento de discursos xenofóbicos, también la sociedad, como la otredad, o bien, como una amenaza potencial a los intereses de México que reivindica una lógica de exclusión y deshumanización. Así, se ha documentado el aumento de detenciones, deportaciones y redadas, que también fueron llevadas a cabo en espacios considerados seguros para los migrantes como albergues y centros de atención humanitaria. Estas medidas tienen como objetivo disuadir a los migrantes de su movimiento, pero lejos de evitar los flujos migratorios, sólo se ha orillado a los migrantes a buscar rutas alternativas todavía más peligrosas para evitar a las autoridades fronterizas. Esto supone una instrumentalización de la probabilidad de su muerte, que convierte su desaparición en un mero “efecto colateral” de su propia “irresponsabilidad”. Más aún, su “ilegalidad” no permite el acceso de sus familiares a la justicia. En pocas palabras, esta “habilitación” de las desapariciones constituye una especie de “muerte política”, pues los migrantes son relegados a los márgenes de la sociedad y despojados de derechos. Dentro de esta narrativa, si los migrantes son un problema incómodo, un obstáculo que erradicar, entonces sus cuerpos pueden ser usados y desechados sin consecuencia alguna. De esto se explica la ineficacia de las autoridades competentes en la recolección de datos y en programas de búsqueda de desaparecidos.

Organismos como la Fundación para la Justicia han advertido que no existen bases de datos confiables unificadas entre los gobiernos estatales ni esfuerzos de análisis sobre quiénes son los responsables. Además, las fiscalías no siempre reportan los números reales de denuncias por desaparición. Por todo lo anterior, hay una profunda necesidad de una nueva forma de hacer política migratoria que tendrá que ser atendida por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El incremento en los flujos migratorios y la alza en el número de migrantes desaparecidos evidencian que la fórmula tradicional de la seguridad nacional, la militarización de la frontera y la política migratoria reaccionaria ante Estados Unidos no ha logrado estabilizar la crisis migratoria. Un primer indicio está en la cooperación estrecha con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), tanto en México como en los países fronterizos, incluyendo a las Caravanas de Madres Buscadoras Centroamericanas. En segundo lugar, es importante buscar una mayor autonomía en la formulación de la política migratoria. Si bien el proyecto inicial de política migratoria de López Obrador estaba sustentado en una gestión humanitaria, la amenaza del expresidente Donald Trump de imponer aranceles si no se lograba la contención de los flujos migratorios llevó a México a adoptar una política de contención. Para ello, Sheinbaum propone la cooperación para el desarrollo a nivel transnacional mediante la industrialización para ofrecer mayores oportunidades de trabajo a los migrantes, que pretende hacer funcionar con Guatemala y Estados Unidos. En este respecto, la presidenta electa también afirmó que, sin importar el ganador en las próximas elecciones estadounidenses, la colaboración con Washington no sería un problema, en tanto que el margen de negociación de México está en que Estados Unidos “necesita la mano de obra”. Esto lleva a un tercer elemento de una gestión migratoria auténticamente humanitaria, quizá la más importante: es imperioso sustituir el enfoque de seguridad nacional por uno de seguridad humana. El fortalecimiento de la protección a los migrantes y el combate a las desapariciones es necesario en términos humanitarios, y deseable incluso en términos de política exterior.