Hay nuevos escenarios para la política de drogas

La criminalización de las drogas difícilmente cambiará si en el plano internacional persiste el prohibicionismo. El pasado 27 de febrero dio inicio la primera de las sesiones ordinarias del año del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es el principal organismo que se encarga de discutir y hacer recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos en el mundo. El Consejo está dotado de mecanismos de denuncias y cada cuatro años examina la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Más allá de los posicionamientos oficiales de los Estados, es interesante adentrarnos en los temas de preocupación que se presentan en dicho espacio de deliberación.

Estos son precisamente los que pueden mover la agenda para la toma de acuerdos. Por ejemplo, fueron abundantes los asuntos que no hemos dejado de ver en medios de comunicación; tales como la invasión de Rusia a Ucrania, las violencias contra el pueblo palestino, así como de mujeres y niñas en Irán y Afganistán, la represión en Nicaragua, lucha contra el terrorismo y crimen organizado y un largo etcétera. Sin embargo, hay temas menos recurrentes que no deben pasar desapercibidos. Para Elementa y para la región latinoamericana fue particularmente importante la participación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el primer día del Segmento de Alto Nivel del Consejo. Petro mencionó que su país estará impulsando una propuesta para modificar el entendimiento de las drogas en la arena internacional. Se trataría de una nueva estrategia que deje atrás el prohibicionismo como paradigma dominante. En el ámbito internacional existe la oportunidad de plantear la inclusión y cruce de la agenda de derechos humanos con el de drogas. Que la segunda deje de ser vista como un tema exclusivo de la salud concatenado con la seguridad.

Es decir, que sea el camino para proteger y garantizar los derechos de las personas que de alguna manera, directa o indirecta, en un nivel alto o en los eslabones más débiles de la cadena, se han involucrado con ellas. Si bien no pareciera ser un tema prioritario en el Consejo de Derechos Humanos, desde Elementa nos hemos cuestionado lo siguiente: ¿por qué es importante insistir en que la agenda de drogas y derechos humanos haga ruido en las instituciones de más alto nivel internacional?. Porque hasta el día de hoy, aunque con sus particularidades según el punto geográfico del que se hable, la política de drogas en el mundo es prácticamente la misma: la de prohibición, perfilamiento racial y criminalización de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados. En un mundo interconectado, un Estado por sí sólo no puede modificar un régimen tan lacerante, por lo que es de gran relevancia que la estrategia se modifique desde el ámbito internacional.

Con ello se puede abrir el margen de maniobra para los Estados en la implementación de políticas desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social. Esto es lo que Colombia y Gustavo Petro están dispuestos a liderar y a lo que México podría sumarse. Para nuestro país, los costos de la mal llamada “guerra contra las drogas" son ampliamente conocidos: una crisis de derechos humanos que ha dejado miles de vidas destrozadas, familias separadas y un gran número de víctimas que no encuentran justicia. Es de relevancia señalar que en las recomendaciones que México ha recibido por parte del Consejo, muchas de ellas recaen en las violaciones desatadas por la estrategia que ha militarizado la seguridad y criminalizado las drogas. No podemos dejar de señalar que para este 52 período de sesiones del Consejo, México es parte de un grupo compuesto por nueve países, incluido Colombia, que buscan impulsar una Resolución sobre el compromiso de abordar el problema de drogas con enfoque de derechos humanos.