• AFP

Impunidad e incapacidad en la desaparición de personas


El Estado mexicano no ha sido capaz de cumplir con su obligación de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que vivimos y transitamos por el país, como lo demuestra la cifra oficial de más de 100 mil personas desaparecidas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). De 1964 al 12 de noviembre de 2021, se tienen reportadas como desaparecidas 23 mil 302 niñas, mujeres adolescentes y mujeres. La certeza que prevalece es que el riesgo de ser desaparecido o desaparecida en este país es muy alto. La desaparición forzada en México afecta a hombres, mujeres, niñas, niños, personas de los pueblos originarios, personas migrantes, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, y de la comunidad LGBTI. Las desapariciones están ligadas a violencia sexual, feminicidios, reclutamiento de grupos criminales, secuestros, trata de personas, entre otros delitos. Las desapariciones tienen un carácter continuo y no hay estado de la República mexicana libre de este fenómeno. La decisión de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contraviene el derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo con el cual el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. El carácter de extraordinario ya ha sido rebasado con mucho en México, pues del año 2006 a la fecha las fuerzas armadas llevan ya 16 años en las calles. Además, en los últimos dos años, el Estado mexicano les ha dado atribuciones para construir obras civiles, controlar las aduanas del país y vigilar aeropuertos. Otra característica del problema de la desaparición de personas en México es que las instituciones del Estado, por inacción, omisión, incapacidad y falta de recursos, no realizan tareas de búsqueda. Esta actividad primordial recae entonces en las familias de las víctimas, que la llevan a cabo en su desesperación por localizar a sus familiares. La ausencia y omisiones del Estado en labores de búsqueda constituye una expresión de violencia institucional que revictimiza a las familias de las víctimas de personas desaparecidas, porque deben invertir una gran cantidad de recursos (tiempo, dinero, conocimientos) en una labor que es competencia y obligación del Estado. Pero además, en su labor de búsqueda, las familias de personas desaparecidas están expuestas a situaciones de muy alto riesgo. La indolencia del Estado mexicano frente a la desaparición de personas impide que las familias puedan reconstruir su proyecto de vida y reconstituirse emocionalmente después de un evento tan doloroso como la desaparición de un ser querido. Lo real es que existe una impunidad infinita; pese a todo este trabajo de las colectivas de buscadoras, las autoridades no avanzan en las investigaciones y la impunidad se perpetúa en un ciclo interminable. Como ejemplo de ello, con más de cien mil personas desaparecidas, en México sólo se han emitido 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, como lo advertimos en nuestro Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo. A ello hay que agregar el señalamiento del CED de que hay más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas. El Estado mexicano cuenta actualmente con un importante soporte normativo e institucional para la búsqueda de personas desaparecidas, conformado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la Ley General de Víctimas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En cuanto a instituciones están las comisiones locales de búsqueda; las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y los centros y unidades dedicados a la identificación humana en diferentes estados de la República, por citar sólo algunos ejemplos.

Para atender este terrible flagelo es imprescindible que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de organismos como el CED, entre las que se encuentran la implementación de una política nacional integral de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas; abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México; implementar de manera adecuada el marco normativo, jurisprudencial e institucional en materia de personas desaparecidas en todo el país.