Infraestructura y educación

De cada 100 niños y niñas que consiguen entrar al sistema educativo en México, sólo 28 consiguen egresar de la educación superior, lo que refleja que desde los primeros años de vida el acceso a este derecho es desigual, dependiendo de factores como el lugar y condición social de las personas. De acuerdo con el informe Aprender parejo: hacia la construcción de una agenda educativa 2024-2030, este panorama muestra la necesidad de cambios que involucren a actores de todos los niveles, ya que los retos en la materia superan las capacidades del Estado. Por ello, el Tecnológico de Monterrey y la asociación México Evalúa presentaron recomendaciones en materia de presupuesto, transparencia y gobernanza para que estudiantes, padres de familia, docentes y especialistas cuenten con herramientas para mejorar las oportunidades educativas de calidad. En materia de infraestructura educativa, el informe subrayó que, pese a que se han invertido más de 450 mil millones de pesos en los últimos 12 años, todavía existen carencias y brechas en las escuelas del país, ya que el 40 % de los planteles públicos de educación básica carecen de servicios esenciales como luz, agua potable y sanitarios independientes, situaciones que en el caso de instituciones particulares se presentan en el 8%. “Se habla de que las cuotas escolares están prohibidas, pero en muchas escuelas públicas de nuestro país sirven para financiar el pago de agua, internet, reparaciones menores e insumos básicos. Lo anterior es un retrato de la insuficiencia presupuestal para garantizar el mantenimiento adecuado de los planteles para generar condiciones favorables para el aprendizaje”, subrayó el informe. La brecha en infraestructura educativa es considerable, no sólo entre escuelas públicas y privadas, sino entre las propias escuelas públicas. Entre escuelas comunitarias e indígenas y escuelas generales, existen diferencias significativas en las condiciones de infraestructuras de los planteles. Según los gastos identificables en Cuenta Pública, la prioridad de la inversión en infraestructura educativa ha sido la ampliación de la oferta educativa para la educación básica, seguida del mantenimiento de los planteles y del suministro de equipamiento educativo. En contraste con la inversión, el informe indicó que se carece de información consistente y confiable sobre el estado de las más de 200 mil escuelas que hay en el país, por lo que no se sabe cuáles se encuentran en condiciones óptimas y cuáles necesitan mejoras. El documento destacó que se desconoce qué obras o proyectos financiaron 6 de cada 10 pesos que recibieron las entidades por parte de la federación, lo que muestra que se necesitan mejores diagnósticos y un monitoreo robusto como parte de la nueva política de infraestructura educativa, que beneficien a los planteles en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Sobre el Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN), el análisis señaló que no se cuenta con evidencia de que los 100 mil millones de pesos destinados a los Comités Escolares de Administración Participativa entre 2019 y 2024 hayan sido utilizados para la mejora de infraestructura básica. Además, señaló que existen indicios “de un uso político-electoral del programa “ya que en 17 de las 23 entidades (Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Colima, Nuevo León, Nayarit, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Campeche, Estado de México y Coahuila), los subsidios del PLEEN aumentaron en un 55 % en el año de la elección, respecto del año previo a la elección”. En el caso de 11 de las 21 entidades que presentaron información completa (Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Colima, Nuevo León, Nayarit, Guerrero), los subsidios del PLEEN disminuyeron en 46% posterior al año de la elección. Por ello, el documento apuntó que “la inversión deberá considerar nuevas formas de financiamiento, y será importante acompañarlas de un sistema de reglas claras y rendición de cuentas. El informe indicó que para garantizar el acceso equitativo y el aprendizaje de los 35 millones de estudiantes en México “se necesita la colaboración de múltiples actores: desde las autoridades educativas federales y los gobiernos estatales, hasta las comunidades escolares, directivos, docentes, madres y padres de familia, el sector privado y la sociedad civil”. Según las previsiones de los especialistas, en los próximos cinco años la población de 15 a 17 años disminuirá un 4.3 %, lo que supondrá casi 300 mil estudiantes menos en edad de estudiar la educación media superior, por lo que el documento consideró que “estamos en un momento clave para atender el acceso” a este derecho. Esto implica la planeación de acciones puntuales a corto plazo, como el establecimiento de metas de cobertura y contenidos fundamentales de aprendizaje; el aseguramiento de recursos económicos y humanos, así como la articulación de un marco legal que permita el involucramiento activo de nuevos agentes en el proceso educativo.