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Injusticia, impunidad y corrupción en México


Sigue lacerando en México las injusticias, la corrupción e impunidad; lamentable pero tenemos un país con múltiples carencias, muy polarizado, con pobreza, con injusticia, con impunidad, con corrupción. México se ubica en el lugar 124 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción y en el 60 entre 69 países estudiados en impunidad, es por ello que se hace urgente discutir las estrategias y casos de éxito para alcanzar la justicia y con esto impulsar la no repetición de los actos de corrupción que ocurren en el país. Cada que un gobierno, estatal o federal, se ve obligado a pronunciarse sobre alguno de los tantos actos de barbarie o corrupción que ahogan al país, sacan a relucir “el respeto por la autonomía” de las fiscalías. Se muestran “preocupados” por la situación y esperan que se haga justicia. Con los niveles de impunidad casi absolutos que hay en México, decir “se investigará” es equivalente a “no sigan molestando, olviden este asunto”. La peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles. La impunidad se encuentra en el corazón de los graves problemas nacionales. La violencia y la corrupción seguirán creciendo mientras la impunidad sea la norma. No importa cuánto ni cómo se pretenda acabar con ellas, sin justicia no se resolverán. La defensa de derechos y libertades seguirán siendo una utopía en un país sin aplicación de las normas. Nunca habrá una democracia sólida sin Estado de derecho. Buena parte del problema recae en la falta de voluntad política para revertir esta situación. La justicia está controlada desde los poderes político, económico y criminal. Con razón se pensó que era necesaria la autonomía de las fiscalías del país para romper con el control político. Después de grandes esfuerzos esto se logró. Sin embargo, en los hechos esto ha operado en contra dado el cinismo político y la falta de articulación social. Si en gobiernos anteriores quedaba claro que ante la inoperancia de las fiscalías se debía presionar al poder ejecutivo, la autonomía ha hecho difusa la ventanilla de queja. A pesar de la autonomía reconocida en la ley seguimos presenciando que tanto las fiscalías de los estados como la Fiscalía General de la República obedecen a los intereses y prioridades de gobernadores y del presidente. Cuando conviene a la narrativa, gobernadores y presidente se recargan en la autonomía y se deslindan de la exigencia de justicia. Cuando conviene otra cosa, ordenan a las fiscalías dar cauce a sus exigencias. Si resulta útil emiten opiniones antes de tiempo asignando responsabilidad a grupos criminales, a gobiernos anteriores o al neoliberalismo para descargar su responsabilidad de Estado con la justicia. En los casos en que se presume la culpabilidad de alguien cercano al poder se despliega una defensa política que desestima las acusaciones prejuzgando los hechos, anteponiendo la lectura política al Estado de derecho.

Es decir, la autonomía es usada con fines políticos. A veces fiscalías autónomas, otras veces no. No importa de qué partido político hablemos. Primero pervirtieron la justicia, ahora lo hacen con la autonomía. La violencia continuará, la corrupción seguirá gozando de buena salud al igual que la opacidad. La democracia se seguirá debilitando. Sin Estado de derecho no hay futuro.