Justicia económica de las mujeres

La exclusión económica impuesta por género a las mujeres es una de las principales raíces de la pobreza y de la desigualdad que se padece en México, también representa una de las violencias que sufren las mujeres. Para cambiar esta realidad, es crucial derribar las estructuras discriminatorias que perpetúan la exclusión y precariedad laboral de las mujeres, mismas que deben ser superadas con acciones concretas que promuevan su plena inclusión y autonomía económica. Lograr una transformación real requiere de un compromiso social firme que cambie las relaciones asimétricas en el ámbito laboral y familiar, que garantice los derechos de las mujeres, su autonomía económica y una verdadera igualdad sustantiva. Uno de los pasos más importantes en este proceso de transformación es concretar el Sistema de Cuidados, el cual se ha impulsado desde la sociedad civil desde hace años y parece estar estancado en las esferas de decisión. El trabajo doméstico remunerado, antes de abundar sobre los pormenores que requiere el Sistema de Cuidados, veamos el panorama del trabajo doméstico remunerado en el país, labor que recae, en una inmensa proporción, en mujeres, tendencia que siempre ha estado presente. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2024 refiere que 2.37 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. De ellas, 91 %; es decir, más de 2.16 millones, son mujeres. Esta feminización del trabajo del hogar ha sido acompañada de distintas situaciones precarias que impiden que las mujeres trabajadoras del hogar tengan una vida digna y que caracterizan a este tipo de ocupación como uno de los empleos de peor calidad. Del total, 97 % de las mujeres trabajadoras domésticas asalariadas tienen trabajo informal.

Esto implica que no tienen acceso a las prestaciones mínimas ni a las garantías laborales que ofrece un empleo formal, como seguridad social, acceso a servicios de salud, un contrato estable para puestos de trabajo permanentes o el pago de horas extras, así como vacaciones y aguinaldo. Sumada a esta vulnerabilidad, las condiciones en las que trabajan son altamente precarias: 85 % ganan salarios de pobreza; es decir, perciben un ingreso inferior al monto equivalente a dos canastas básicas y, por tanto, no ganan lo suficiente para sobrevivir. Además, 71 % carecen de prestaciones laborales y 98% carecen de un contrato estable. Las mujeres que realizan trabajo doméstico asalariado hacen una función de vital importancia para la sociedad; no obstante, viven en la injusticia laboral. Lograr la justicia económica para las mujeres tiene diversos retos para el país, en principio eliminar la exclusión de género por tareas de cuidado, pero, además, a quienes sí están en el sistema laboral, que tengan la garantía de derechos plenos y salarios dignos para superar la pobreza. En este sentido, el sector privado puede jugar un papel fundamental para hacer la diferencia, asumiendo el compromiso voluntario para que ninguna mujer que trabaje en sus empresas gane menos de 12 mil 500 pesos netos al mes. Si autoridades, iniciativa privada y sociedad civil concretan estos cambios, los beneficios serán para la sociedad en su conjunto y, sobre todo, liberarán a las mujeres de la vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente.