La nueva administración

Hacer una lista de los retos económicos que enfrenta un país no es fácil. Las prioridades variarán entre el norte y el sur, entre campesinos e industriales, entre jóvenes y adultos mayores. Aun si no lo hicieran, habría discrepancias sobre el orden de prelación o el sentido de urgencia de cada reto listado. El consenso es quizás más difícil en un país como el nuestro: décimo en el mundo por población, con 130 millones de habitantes, con disparidades socioeconómicas profundas, con visiones políticas aparentemente infranqueables. En cualquier caso, al considerar las opiniones de distintos grupos de interés, la lista de retos se hará larga y su priorización crucial sobre todo cuando el dinero, el tiempo y el “ancho de banda” escasean será compleja. Recientemente, México ha recibido mucha atención como potencial de inversión por la expectativa del famoso nearshoring. En esta coyuntura, es especialmente útil la opinión de “las empresas” acerca de los factores necesarios para consolidar ese potencial. La insuficiencia energética e hídrica se señalan recurrentemente como principales retos. La inseguridad también figura en la lista de desafíos, además de la falta de infraestructura, los trámites excesivos y distintas tensiones en la relación México-Estados Unidos. Un grupo más es el de las agencias calificadoras, cuya perspectiva incide en la percepción sobre México de los inversionistas y en los costos de financiamiento que enfrenta el gobierno. Entre sus preocupaciones, destacan las fiscales y de sostenibilidad de la deuda pública, refiriéndose a los altos déficits, la estrechez de la base tributaria, la baja recaudación y el limitado espacio fiscal. Con frecuencia mencionan a Pemex y sus elevados niveles de deuda e ineficiencias múltiples. También resaltan como desafíos la falta de energía y agua, varios temas de estado de derecho e inseguridad, así como necesidades de infraestructura y de mano de obra calificada. Más recientemente, dadas las amplísimas mayorías que se prevé Morena tenga en el Congreso, se ha apuntado a la potencial aprobación de reformas constitucionales, como la judicial, como riesgo al sistema de contrapesos vigente y, más generalmente, a la calidad y la fortaleza institucional. Ante esta larga lista de retos todos relevantes, convendría buscar convergencias para definir prioridades. Entre las distintas opiniones, la inseguridad es un claro común denominador. No sorprende. Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 16 ciudades mexicanas figuran entre las 50 ciudades con más homicidios en el mundo. Colima, Juárez, Obregón, Tijuana, Zacatecas, Zamora, entre otras, figuran año tras año en el top ten. La consecuencia obvia es la inhibición de la inversión, el crecimiento y la productividad de empresas y trabajadores. Según el FMI, por ejemplo, si Latinoamérica redujera sus tasas de homicidio al promedio mundial, el crecimiento anual del PIB sería 0.5 puntos porcentuales más alto, con ganancias mayores para localidades donde la violencia es más extrema. Desde luego, los daños no son solo económicos. La sociedad vive con miedo, se merma nuestro sentido de pertenencia. Como un cáncer, nos destruye desde adentro. Ahora bien, el enfoque anterior no garantiza que la definición lograda de retos y prioridades sea exhaustiva —ni óptima—. Pienso en al menos otro desafío que no se explicita y parecería fundamental: la educación. México se ubica en el lugar 96º en el subíndice de educación (ajustado por desigualdad) del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el cual mide años de escolaridad de la población. Bolivia, Brasil, Jamaica y Venezuela, por dar algunos ejemplos, obtienen puntajes más favorables.

Por otro lado, en la última evaluación internacional de la prueba PISA, México obtuvo la clasificación 51º (de 81 países participantes), con menores calificaciones que las de Kazajistán, Mongolia, Moldavia y Uruguay. Los resultados recientes solo profundizaron la tendencia a la baja que persiste desde 2012, particularmente en lectura y en matemáticas. En esta última disciplina, apenas 34 % de los estudiantes mexicanos registró un nivel de competencia básico, mientras que el promedio de los países de la OCDE es 69 %. Por donde se mida, el rezago es enorme. Cerrar brechas tan amplias en educación generaría impactos económicos y sociales muy positivos. Por ejemplo, se estima que cada año adicional de educación se traduce en aumentos en el ingreso de los trabajadores de 10 % por año. Para dimensionar esta cifra, frecuentemente se compara con los rendimientos de distintos activos financieros. En el caso de los Cetes a 28 días, su tasa de retorno anual ha promediado 6-10 % en los últimos 10-30 años. El rendimiento del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido incluso más bajo desde 2004, de alrededor del 4 % en promedio. Tendríamos que considerar un lapso más largo, desde principios de los noventa, para generar un rendimiento más alto, del 14 %. Por otro lado, diversos estudios sugieren que las ganancias económicas por un año extra de escolaridad son mayores para mujeres y grupos vulnerables. Así, no solo la educación parecería ser una inversión económica generalmente redituable, sino que además promueve otros fines, como la inclusión, un elemento que destaca Sheinbaum en su programa de gobierno. Enfrentar los desafíos económicos que México tiene por delante requerirá un enfoque técnico, decidido, estratégico e integral por parte de la administración de Claudia Sheinbaum. La inseguridad y la educación deberán situarse al centro de las políticas públicas la primera, por su urgencia; la segunda, por su capacidad transformadora. Invertir en una educación de calidad y asegurar la permanencia de los jóvenes en la escuela no solo fomenta mayores ingresos y mejores oportunidades laborales, sino que puede generar un círculo virtuoso de desarrollo económico y social. Si además se impulsan políticas públicas de soporte que promuevan la inversión en agua, energía e infraestructura, que robustezcan las instituciones y las finanzas públicas, entre otras, estaremos, ahora sí, transformando la larga lista de retos de México en oportunidades de progreso y bienestar para todos los mexicanos.