Lo que se se viene después de la elección judicial

A pesar de las múltiples y graves controversias políticas, mediáticas y legales, el 1 de junio se realizaron las elecciones judiciales en México. Fue un cambio enorme en muy poco tiempo, con escasa preparación, amplios vacíos legales y repetidas advertencias de los riesgos para la justicia. El gobierno insiste en que ha sido un logro completar estas elecciones. En efecto, se desarrollaron en tiempo récord y con una inversión importante (aunque insuficiente) de dinero público. Sin embargo, el interés ciudadano fue mínimo. Aproximadamente sólo el 13 % del padrón electoral acudió a votar. De este porcentaje, un 2 % anuló su voto. Al final, el oficialismo alcanzó su objetivo: designar a sus candidatos a jueces y juezas de todos los niveles y todas las materias. A partir del 1 de septiembre de 2025, fecha en que tomarán posesión las nuevas personas juzgadoras, la sociedad civil tiene el deber de redoblar su vigilancia sobre el impacto en la independencia y eficiencia en esta nueva era de la impartición de justicia en México. Para el ciudadano común y corriente, los jueces son figuras abstractas, cuyas funciones no se comprenden a cabalidad. En una encuesta levantada en nueve entidades federativas disponible en Hallazgos 2023 sobre el conocimiento ciudadano del sistema de justicia penal, encontramos que entre 2020 y 2024 el número de personas que dijeron no saber “nada” sobre las instituciones de justicia penal creció un 10 % (de 12 a 22 % de la población encuestada). Si el Gobierno no hace nada por comunicar la relevancia de sus instituciones y su funcionamiento, al menos desde la sociedad civil tenemos que hacerlo. Necesitamos, entonces, promover la importancia de los jueces y por qué deben gozar de plena independencia al momento de emitir sus resoluciones.También debemos transmitir que las y los jueces son servidores públicos y que existen múltiples indicadores que permiten medir su trabajo y sus resultados. En el mejor de los casos, los jueces continuarán su labor de forma similar al pasado, pues la reforma nunca estuvo enfocada en cambios sustantivos. El énfasis fue en lo electoral y eliminar los contrapesos del poder. Probablemente el Gobierno enfrentará menos litigios o se le permitirá ejecutar más acciones de acuerdo a sus intereses, en aras de lo que definan como “bien común”. El reto para las organizaciones ciudadanas es vigilar si las y los nuevos jueces ponderarán los intereses gubernamentales sobre derechos humanos, o no. Por ejemplo, verificar si se mantendrán criterios valiosos de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y su violación a derechos humanos.

O bien —conforme al discurso gubernamental— se argumentará que la eliminación de esta figura pone en riesgo la seguridad del país, al dejar libres a “presuntos criminales” (aún cuando se trate de personas a quienes no se les ha probado su responsabilidad). Desde México Evalúa hemos observado que estados como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán han adoptado esta interpretación de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a ello, han disminuido drásticamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, tratando de siempre justificar esta medida cautelar cuando llega a aplicarse. También es probable la afectación a la inversión del sector privado (nacional y extranjero). Es riesgoso invertir en un país cuando la justicia está a merced de intereses políticos o económicos que colocaron a jueces en sus cargos. Es decir: en un pleito contra el Gobierno, o por ejemplo en materia laboral, la iniciativa privada no tendrá la seguridad de  que un tercero imparcial decidirá quién tiene la razón basándose en la ley. Elegir a los jueces y juezas mediante las urnas nos deja muchas lecciones que tenemos que procesar. Nos enfrentamos a múltiples tareas: promover el conocimiento ciudadano del rol de los poderes judiciales, la importancia de tener juezas y jueces independientes, la relevancia de un equilibrio entre intereses comunes y derechos de las personas en un ambiente democrático, mejorar los procesos de elección de candidatos y candidatas para la tarea judicial, mejorar los procesos electorales, tener una visión panorámica sobre el papel de otros actores del sistema de justicia (fiscalías, abogacía, mediadores y facilitadores), evaluar el impacto de la reforma judicial en la calidad de la justicia, y mirar hacia otras formas legales de solucionar los conflictos entre personas y con el gobierno. Sólo por mencionar algunas.