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  • AFP

México combate la impunidad pero también representa un gasto público


La corrupción y la inseguridad son temas de los cuales siempre en las campañas políticas se hablan más, siempre fijando compromiso de combatirla, así también la impunidad; cuando ya están como gobierno intentan combatirlas, otros muchos se olvidan. Pero estos tres temas son de los que más se hablan, cuando quieren llegar al poder o ya están el poder. Eso sí, no es una tarea nada fácil. Incluso eso tiene ver con inversión y muchos de los que ya están en el gobierno no llevan acabo combatir por no querer invertir y otras mas hacen como que invierten y se engordan sus propias bolsas. En México más del 98% de los crímenes cometidos no son sancionados. Las instituciones responsables de la procuración y administración de la justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables. Por otro lado, el uso indebido de la jurisdicción militar ha favorecido que violaciones de derechos humanos permanezcan en la impunidad. Asimismo, los crímenes cometidos en el pasado tampoco han sido esclarecidos y los responsables no han sido aún sancionados. De las cosas que están claras es que se debe eliminar la impunidad para combatir la corrupción. Erradicar este hábito tan arraigado en la cultura de nuestro país, requiere, en primera instancia, un mejor sistema de procuración e impartición de justicia, así como un trabajo coordinado entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil organizada. El problema en nuestro país no es la falta de leyes que prohíban y penalicen la corrupción. Las normas existen, la cuestión es que no se cumplen, y esa situación es, precisamente, donde radica la diferencia entre México y otras naciones. Ahora quiero abordar otro tema, de lo mismo, pero es algo que no vemos, ya que el gobierno esta haciendo el gasto publico para combatir la impunidad. Entonces, ¿Cuánto gasto público se destina a nivel estatal en México para contar con un Estado de derecho sólido y libre de impunidad? El gasto estatal en el combate a la impunidad se define como la suma de los recursos presupuestales destinados a la procuración de justicia, impartición de justicia y seguridad pública. Con base en esta definición, se encontró que en 2019 el total de recursos erogados por parte de todas las entidades federativas en este concepto fue de $172,879 millones de pesos constantes de 2018. Este monto equivale a 0.77% del producto interno bruto (PIB), es decir, $3.74 pesos por persona al día. En promedio, se destina el 50% del gasto a labores de seguridad pública, el 25% a la procuración de justicia o fiscalías y el 25% restante a la impartición de justicia o poder judicial. Este análisis se llevó a cabo con información de las cuentas públicas y los presupuestos de egresos de las 32 entidades federativas para el periodo 2006 a 2020. El nivel de gasto en 2019 se compara favorablemente respecto con 2015, cuando el total era de $144,517 millones de pesos constantes de 2018, equivalentes a 0.68% del PIB, o $3.26 per cápita al día. Es decir, se observa un incremento de alrededor de 3.5% por año y un 15% acumulado entre 2015 y 2019. Sin embargo, los niveles de gasto son sumamente asimétricos entre las entidades, con diferencias de hasta 4 veces el monto erogado entre una y otra. Cabe señalar que entre 2006 y 2020 también se ha observado que cada vez más estados publican su información presupuestal con mayor transparencia. Los recursos totales que se destinan para combatir la impunidad en las entidades federativas se han incrementado en los últimos años en términos per cápita y reales.

Asimismo, existe evidencia de que los estados que más gastan en estas labores presentan mejores indicadores sobre la solidez del Estado de derecho y menores niveles de impunidad. Estamos convencidos que de continuar esta línea de investigación, en el futuro será posible confirmar la relación causal entre el gasto en el combate a la impunidad y los indicadores analizados, así como un entendimiento más amplio de las interrelaciones entre la impunidad y la política social. Para ello, es deseable que grupos de investigadores multidisciplinarios estudien qué tipo de gastos en específico tienen una mayor incidencia y, por ende, son más efectivos en reducir los índices de impunidad.

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