• Redacción

Números manchados de sangre


Sin lugar a dudas que nuestro país ha estado en el ojo del huracán hace muchos años, pero el impacto económico de la violencia en México se elevó 10 por ciento en 2018, por lo que alcanzó 5.16 billones de pesos, lo que equivale a 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la inversión que realiza en su sistema de justicia penal aún es insuficiente, informó el Instituto para la Economía y la Paz. Realmente debemos ser conscientes de estas cifras ya que lo que muchos países invierten en educación y salud nosotros lo invertimos en violencia de toda índole. De acuerdo con la sexta edición del Índice de Paz México 2019, sólo los costos relacionados con los homicidios representan 51 por ciento del impacto económico, además de que México únicamente tiene 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio global está en 16, lo que se traduce en que menos casos vayan a los tribunales. Lo que deja al descubierto un sin fin de irregularidades que luego dejan denotar que nuestras carceles están repletas y qué se deben dejar salir para que no se sigan produciendo motines por hacinamiento en las mismas.

El día de ayer, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNU-DH), Michelle Bachelet, fue tajante en su discurso de despedida de México: le resultó impresionante que el país “tenga cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006”. A estos datos añadió que esa situación no ha cesado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con al menos 7 mil 299 investigaciones por homicidios dolosos en todo el país y 240 por feminicidios. “El gobierno actual hereda una situación de extrema violencia, pero tanto él (López Obrador) como todas las autoridades con las que he hablado se han comprometido a hacer lo necesario para revertirla”, dijo.

Respecto a la recién creada Guardia Nacional, advirtió que su oficina en México no dudará en denunciar “cualquier tipo de desviación” en los objetivos de la nueva corporación, impulsada para combatir la inseguridad en el país, con respeto a los derechos humanos. Mientras que en el sur del paso mas específicamente en nuestro estado muchos comerciantes, ciudadanos e instituciones piden al presidente que el sur sea punta de lanza de la implementación de la Guardia Nacional, ya que el tema migratorio está afectando no solo la economía, sino el bienestar social de los chiapanecos.


En conferencia de prensa, la ex-presidenta de Chile aclaró que : “Nuestra tarea es apoyar, pero también nuestra tarea es alertar si vemos que las cosas no van por el camino correcto”, dijo Bachelet al puntualizar que, de cometerse violaciones a derechos humanos por parte de los operadores de seguridad, “no tiene que haber impunidad, los responsables tienen que ser llevados ante la justicia”. Tras la firma del convenio de colaboración con el gobierno de López Obrador, la funcionaria de la ONU se abstuvo de pronunciarse sobre el virtual nombramiento de un militar en activo al frente de la Guardia Nacional, contrario al compromiso de que el mando de la institución estuviera a cargo de personal civil.

Al término de su visita oficial, la Alta Comisionada se dijo sorprendida de la dimensión de las violaciones a derechos humanos en México, país al que da seguimiento desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. “Yo sabía de la violencia, sin duda, pero no tenía la precisión de la dimensión de las graves violaciones a derechos humanos”, como las ominosas cifras de 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar, 10 mujeres asesinadas cada día, detalló. También llamó a garantizar seguridad para los migrantes, de los cuales 17 mil solicitaron visas humanitarias en lo que va del año.

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