• Redacción

No se debe, ni puede matar la libertad de expresión


La situación se vuelve alarmante cuando no solo se rebasan los principios humanos básicos sino también cuando una sociedad le pierde todo tipo de respeto a las autoridades que nos representan. Es un hecho lamentable cuando integrantes del Parlamento Europeo calificaron como “alarmante” los sucesos relacionados con periodistas y defensores de derechos humanos en un aumento exsaservado de “violencia e intimidación”. Solo recordemos que en el sexenio pasado mientras Lord Enrique Peña Nieto estuvo al frente del ejecutivo quedo una imborrable y lamentable estela de 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinados.

En nuestro país hace varios meses comenzó un principio de cambio o como lo llaman la cuarta transformación, pero hay datos alarmantes que no pueden dejar de mencionarse, ya que durante los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el colectivo Reporteras en Guardia ha documentado el asesinato de 13 periodistas y advirtió, que cuatro de estos casos no han sido reconocidos por la administración federal como crímenes contra comunicadores, lo que viola la ley para la protección de estos profesionales y defensores de derechos humanos, vigente desde 2012. Indicó que esta exclusión hace más vulnerables a los comunicadores indígenas del país, porque su labor suele ser la única vía de información y denuncia de los pueblos originarios juzgados por la violencia criminal e institucional.

Quienes ejercen el periodismo en sus comunidades arriesgan la vida al informar de las violaciones a los derechos humanos, territoriales y medioambientales que sufren por parte de cacicazgos locales, el aparato de Estado o las empresas privadas”, afirmó en conferencia Laura Castellanos, coordinadora del colectivo, que agrupa reporteras de 24 entidades del país y de la Ciudad de México. De acuerdo con la ley vigente, subrayó, el gobierno federal tendría que reconocer como comunicadores a los también activistas Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de la radio Amiltzinko en Morelos; José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata en Chilapa, Guerrero; y Gustavo Cruz Mendoza, integrante de la comisión de comunicación del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón y colaborador de la radio móvil Radio Guetza. Agregó que de los 13 homicidios de periodistas suscitados del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, 12 realizaban labor en el ámbito municipal y cinco eran comunicadores indígenas.


La organizacion Reporteras en Guardia se ha dado a la tarea de documentar con diversas fuentes el número de periodistas asesinados y desaparecidos en el país de 2000 a la fecha. Para su registro, no sólo se considera la violación al derecho a la libertad de expresión, sino cualquier crimen donde la víctima sea un comunicador. Los datos de este colectivo indican que durante el sexenio de Vicente Fox fueron desaparecidos o asesinados 32 profesionales de la comunicación, 66 con Felipe Calderón, 77 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y van 13 durante el de López Obrador.

Es urgente, inmediato y resolutivo que el gobierno investigue y enjuicie penalmente a los responsables de todos estos crímenes ya que implemente acciones eficaces en el Mecanismo de Protección. En varios casos se debe mencionar que se encarcelaron los ejecutores del delito pero no los autores intelectuales, lo que deja un amplio peligro social constante.

La Fiscalía General de la República, así como de los diferentes estados de la republica deben  contar con personal especializado en libertad de expresión y en derechos humanos, con un enfoque de perspectiva de género e indígena, pasar de esta manera no dejar cabos sueltos y darle una vos clara a la cuarta transformación.

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