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Objetivo: Acabar con la autonomía del INE


Como ya es costumbre en este sexenio, la mañanera fue el vehículo utilizado por el presidente de la República para presentar la tan anunciada iniciativa de Reforma Electoral que finalmente fue enviada el pasado 28 de abril a la Cámara de Diputados para su discusión. Las condiciones en las que se presentó la iniciativa resultan, por lo menos, atípicas, si se toma en cuenta que las reformas electorales han sido históricamente conquistas de la oposición y no del partido en el gobierno y en esta ocasión el proyecto fue diseñado y presentado por Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y antiguo representante de Morena ante el Consejo General del INE, y Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y exrepresentante del PRD también ante el INE. El haberla enviado el último día de sesiones del periodo ordinario dificulta la posibilidad de contar con los tiempos suficientes para su discusión en el Congreso y el que se haya enviado primero a Diputados y no a Senadores -donde presumiblemente habría mayor probabilidad de lograr el consenso para aprobar la propuesta- dado el antecedente de la votación de la Reforma Eléctrica, llama mucho la atención. En política nada es casualidad. Resalta también la discrepancia entre lo anunciado y el contenido real de la reforma. Uno de los postulados mencionados durante la mañanera fue que esta iniciativa desaparecería a los diputados plurinominales, pero la realidad es que la reforma propone desaparecer la elección por mayoría relativa para la integración del Congreso. La iniciativa de reforma, si bien retoma algunas demandas de la sociedad como la disminución del financiamiento público para los partidos políticos, deja fuera grandes temas pendientes como la actualización del modelo de comunicación política, la inclusión de grupos minoritarios en la toma de decisiones y el fortalecimiento del sistema de fiscalización, por mencionar algunos. De la exposición de motivos y la redacción de la iniciativa es posible advertir que las justificaciones que mueven la reforma son más políticas que técnicas. No se observan análisis de resultados, sustentos teórico o de factibilidad, y mucho menos de derecho comparado. En las propuestas tampoco se toman en cuenta parámetros internacionales para justificar las modificaciones al sistema. Este contexto deja ver que podría ser una oportunidad perdida para abordar temas pendientes que realmente abonen a la calidad de nuestras elecciones. A pesar de lo anterior, desde nuestro Laboratorio Electoral buscamos hacer un análisis detallado y objetivo de cada uno de los puntos que integran la reforma, en el cual destacamos algunos temas que podrían resultar positivos como el voto electrónico, la reducción del financiamiento a partidos o la transición a un sistema de representación proporcional puro, asumiendo que la propuesta recibiera mejoras y que la regulación secundaria se realizara de manera adecuada. Hay otros planteamientos que no solo consideramos deficientes, sino que podrían significar un grave retroceso, como la desaparición de las autoridades electorales locales, la centralización de las elecciones y la remoción anticipada y elección mediante voto popular de consejerías y magistraturas. Desde luego, a la propuesta no solo le falta abrir espacios de diálogo para lograr un análisis profundo, sino que también es necesario definir la posible regulación de cada tema. Si se quiere una reforma para la democracia, el paquete de reformas debe incluir no solo las modificaciones constitucionales, también las legales.

El régimen transitorio de la reforma plantea que en septiembre de este año se inicie el proceso de elección de nuevas autoridades electorales; para esas fechas estaríamos a un año del inicio del proceso electoral federal 2024. Lo anterior, aunado el actual receso del Congreso que retomará sus labores el 1º de septiembre, deja tiempos de discusión e implementación muy apretados. Si bien es cierto que nuestro actual sistema electoral es imperfecto y requiere ajustes, la realidad es que esta iniciativa no resuelve los verdaderos problemas que aquejan a nuestra democracia. La concentración del poder y los recortes presupuestales parecen ser los ejes de la reforma. Esto sin duda mina la autonomía de las autoridades electorales y la independencia de sus integrantes, ya que se sacrificaría laespecialización, profesionalismo y autonomía en nombre de la austeridad.