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¿Para qué aplican Estado de Derecho?


Chiapas ha estado inmerso en distintos conflictos, tanto políticos como social, donde se mezcla además distintas formas de protestar, como marchas, plantones, bloqueos de carreteras, entre otras, por parte de organizaciones independientes o agrupaciones sociales (estudiantiles, magisteriales, obreras, campesinas, feministas, ambientalistas), y estos tienden a ser reprimidas por los tres niveles de gobierno. Ante ello, preguntamos ¿es así cómo aplican el estado de derecho?, al menos Rutilio Escandón Cadenas, destacó desde un principio cuando empezó como gobernador del estado, que en la entidad habría un verdadero Estado de Derecho para garantizar las libertades, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los chiapanecos. Todo esto quienes más preocupa siempre son los empresarios, pues son los mas afectados con las actividades de protesta que se realiza; principalmente el turismo, obviamente la economía de la entidad chiapaneca. A decir verdad, supuestamente se ha aplicado el Estado de Derecho, pero un Estado de derecho que se presenta con en el uso de la fuerza pública (policías, militares, marina, y ahora guardia nacional) y de cuerpos de inteligencia, como vía para la “solución” momentánea del conflicto,de preservar el “orden” público y la “paz” social. Algo muy aclamado y demandado por losempresarios, en la medida que las acciones de protesta repercuten, directa o indirectamente, en el flujo de turistas, de mercancías y de capital, y por lo tanto en sus ganancias económicas. Sin embargo, el Estado de derecho no es el simple uso de la fuerza pública, se trata de “la limitación de la acción gubernamental por medio de leyes y la reivindicación de una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, entre ellos, el derecho a la protesta política y social. Con esto, sin duda definimos que en México no existe la separación de poderes cómo debería prevalecer en un Estado de derecho y democrático. En los procesos electorales solamente se eligen a los representantes del poder ejecutivo y legislativo, más no al judicial, éstos son nombrados directamente por el Presidente a nivel nacional (con aprobación del Congreso), y por el Gobernador a nivel estatal, y no por el pueblo. Situación que, en vez de limitar el ejercicio del poder, lo fortalece, provocando un uso desmedido de la fuerza contra el pueblo, al mismo tiempo que genera complicidad e impunidad entre funcionarios públicos.

De tal modo que, la perspectiva jurídica del derecho se convierte en la herramienta política del Estado para el ejercicio de la represión legal sobre sectores del pueblo organizado o grupos de protesta con demandas especificas. Sobre todo a aquellos que, debido al grado de injusticia, de impunidad y la falta de atención y solución a sus demandas legítimas, tienden a salirse de los cánones de obediencia marcados por el Estado. Ante muchas demandas de organizaciones sobre la aplicación de la fuerza, así como hostigamiento haciendo uso de la fuerza publica muestra que la prioridad del gobierno no es defender los derechos y libertades del pueblo, sino defender los intereses económicos y políticos de la denominada “familia chiapaneca” y de las empresas nacionales y extranjeras. Lo peor es que en Chiapas, en nombre del Estado de derecho se siguen cometiendo graves violaciones a las libertades individuales y a los derechos humanos, cuando éste debería de servir para garantizarlos y limitar las acciones del poder estatal. En este sentido, las acciones de protesta política y social no deberían ser reprimidas porque éstas son expresiones de causas mayores que no son atendidas por el Estado, contribuirían a fortalecer el marco jurídico del derecho, a mejorar el sistema de justicia y a la construcción de la democracia en el país.

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