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Pemex va por la recuperación económica


Pemex se encuentra ante una deuda que pesa pero el compromiso del actual gobierno fue salir de dicha deuda y aunque no es ni a sido un trabajo fácil creo que vamos por buen camino, al menos eso auguran. Y es que a tres años de la actual administración no se ha logrado revertir la tendencia negativa de la situación financiera y operativa de Petróleos Mexicanos (Pemex). El anuncio de la revisión del Plan de Negocios es una oportunidad para repensar la estrategia de la empresa en un entorno global de recuperación económica de cara al fin del sexenio. La petrolera del Estado ha enfrentado un entorno convulso desde marzo de 2020, consecuencia de la pandemia de covid-19 y el cierre de buena parte de la economía mundial, así como del alto nivel de endeudamiento que ya arrastraba la empresa. Sin embargo, 2022 presenta un panorama alentador para la recuperación de los mercados internacionales de hidrocarburos, a pesar del riesgo de la variable ómicron.

El 6 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una serie de medidas para fortalecer la situación de Pemex, entre ellas la reducción de su carga fiscal –Derechos por Utilidad Compartida– de 54 a 40% (incluido en la Ley de Ingresos 2022) y una inyección de capital por 3 mil 500 millones de dólares.Además, se anunció una reformulación de su Plan de Negocios, probablemente la medida más relevante. Actualmente la deuda de Pemex asciende a aproximadamente 113 mil millones de dólares. La aportación de capital de 3 mil 500 millones de dólares anunciada por SHCP para amortizar la deuda de la empresa será una buena noticia si y solo si se acompaña de un Plan de Negocios viable y de un cambio profundo de su estructura corporativa. El Plan de Negocios es el documento rector del cual se deriva la estrategia comercial Pemex, de ahí la importancia de plasmar una visión para la petrolera que vaya más allá de proyectos sexenales y atienda los cambios estructurales que requiere la empresa para garantizar su viabilidad, reducir el riesgo para las finanzas públicas del país y capitalizar la recuperación de los mercados. El nuevo documento tendrá como objetivo “fortalecer la posición financiera de Pemex en el mediano y largo plazo, así como preparar a la Empresa para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años” mediante mecanismos para coinvertir con el sector público en proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y cambios en la estructura corporativa de la empresa. A reserva que se publiquen detalles del nuevo plan, cabe preguntarse si limitar las asociaciones para invertir al sector público y dejar de lado a otras empresas es la forma más eficiente para incrementar la plataforma de producción de Pemex, especialmente en un contexto donde la empresa no cuenta con las capacidades técnicas para explotar los yacimientos de alta complejidad. De igual forma, se omiten detalles sobre la nueva estructura corporativa de la empresa. Crear una nueva filial para comercializar combustibles en territorio nacional sin obligaciones de transparencia, como se anunció en días recientes, no es una reestructura que resuelva los verdaderos nudos gordianos de la empresa como su gobernanza corporativa, su toma de decisiones de inversión o sus relaciones laborales.

Un cambio profundo en Pemex implicaría replantear la composición misma de su Consejo de Administración al aumentar el número de consejeros independientes, despolitizar los mecanismos de toma de decisiones de la empresa, implementar verdadera democracia en el sindicato.En términos generales, apostar por una visión de Pemex como negocio, no como paraestatal. Únicamente en 2021, el Gobierno Federal habrá transferido a Pemex un total de 238 mil 600 millones de pesos (11 mil 200 millones de dólares) para mejorar su posición financiera y para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Estos recursos serán paliativos de no estar acompañados de una reforma profunda a la petrolera. No son necesarios cambios constitucionales para llevarla a cabo, solo se requieren modificaciones menores al marco legal y regulatorio existente, acompañado de voluntad política.