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Prometieron tomar en cuenta a pueblos indigenas


Algo que sin duda, en lo particular ha llamado mi atención es la tradición de resistencia que conservan indigenas chiapanecos de San Juan Cancuc, donde este fin de semana realizaron una peregrinación, como un llamado a reunirse por el Espíritu de sus antepasados en este lugar sagrado conocido como “Pokona, que es historia, memoria y palabra para despertar el corazón como pueblo y levantar la fuerza de la resistencia ante la amenaza del capitalismo neoliberal a través de los megaproyectos que para ellos es desarrollo y para nosotros los pueblos es despojo y destrucción de la tierra, territorio y pueblos”. Ellos son integrantes del pueblo creyente, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) y Derechos Humanos, de las cuatro zonas de la parroquia como pueblo originario San Juan Evangelista Cancuc. Y es que hablamos de la realidad existente, a pesar de que en México más de 25 millones de personas, 21.5% de la población, se reconoce como indígenas, nuestro país carece de consulta previa a este sector para el desarrollo de megaproyectos en los territorios que ocupan. Si bien el artículo 4 constitucional establece mecanismos de respeto a pueblos y comunidades indígenas, no hay una legislación adecuada en ello. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, los estados donde existe el mayor porcentaje de población que se considera indígena son Oaxaca (65.7%), Yucatán (65.4%), Campeche (44.5%), Quintana Roo (44.4%), Hidalgo (36.2%) y Chiapas (36.1 por ciento). De las primeras seis posiciones, en cuatro casos son entidades donde se tiene proyectado, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la construcción del Tren Maya, uno de los dos proyectos más ambiciosos de infraestructura. Cuando se busca realizar proyectos de infraestructura, minería, turismo, explotación de recursos acuíferos, entre otros, debe existir una consulta previa con los pueblos indígenas bajo estos principios: previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Aunque México suscribió el Convenio 169 de la OIT que establece como derecho humano, de titularidad colectiva, la consulta a los derechos indígenas y tribales. No se trata de un derecho de participación o de información. Es un instrumento internacional vinculante. Parte de dos derechos: el de los pueblos indígenas a mantener sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y el de participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Entre las obligaciones se establece que el gobierno debe consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos adecuados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que medidas administrativas o legales les afecten. Deben participar libremente, se les debe presentar toda la información, los estudios, con traducción a su lengua materna, deben hacerse de buena fe a fin de lograr acuerdos y solucionar conflictos.

En caso de explotaciones mineras, hídricas, u otras, que afecten a los pueblos indígenas, el gobierno debe consultarlos a fin de determinar si se les afecta y deben participar de los beneficios que reporten tales actividades, o bien, recibir la indemnización equitativa a la afectación. En caso de reubicación, se debe contar con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento. A decir verdad y sin rodeos, estas consultas a pueblos indígenas, conforme al Convenio 169, nada tienen que ver con las que AMLO ha venido realizando sin apegarse a ningún marco legal, criterio de imparcialidad o de seguridad sobre el proceso y resultado de sus consultas, que son hechas a modo para justificar decisiones ya tomadas, como reiteradamente se ha señalado.

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