Que la salud no sea privatizada

La más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) , realizada por el Instituto de Salud Pública durante 2022, muestra un dato importante: los mexicanos, sobre todo los más vulnerables, están atendiendo sus necesidades de salud en el sector privado. Esto pese a que, en teoría, tenemos derecho a la protección de la salud y contamos con un sistema público de salud para ejercerlo. Como ya se ha explicado en este espacio, el derecho a la protección de la salud, estipulado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- se divide en dos regímenes: el de la seguridad social, para las personas asalariadas formalmente, y el denominado abierto, a cargo de la secretaría de salud federal y los sistemas estatales de salud, para las personas no asalariadas o comúnmente conocidas como informales. Dentro de la seguridad social existen diversos subsistemas de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son los más conocidos. Mientras que para la población que no cuenta con acceso a la seguridad social existía todavía en 2022 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Bueno, pues a pesar de que existen diversos subsistemas públicos para atender nuestra salud, en 2022 el 48.8 % de la población mexicana atendió su salud en servicios privados (22.4% fue a un consultorio en domicilio del médico, 17.7% en un consultorio ubicado dentro de las instalaciones de una farmacia, 3.3% en consultorio de hospital, 1.6% en consultorio de torre médica, 1.1% en urgencias de hospital y 2.7% en otros). Sin embargo, al observar los datos desagregados por lugar de derechohabiencia, existe una variación entre subsistemas alarmante. Por un lado, 3 de cada 10 afiliados al

IMSS recibieron atención médica en servicios privados, mientras que en el ISSSTE esto ocurre con el 40 % de los derechohabientes. Pero lo que más llama la atención es que 6 de cada 10 personas que no cuentan con seguridad social, y que supuestamente eran atendidos por el INSABI, recibieron atención en un consultorio dentro del domicilio del médico o en uno de farmacia. Es decir, el sistema de salud público en México ha relegado, en mayor medida, a aquellos que no cuentan con un empleo formal y a tener que pagar para curar su salud. Si a esto sumamos que de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el llamado “gasto de bolsillo” (que mide la proporción del gasto que las familias destinan a solventar los distintos requerimientos para atender la salud) ha aumentado en 40 % en los últimos cuatro años, pero en las familias más pobres de nuestro país el gasto en este rubro se elevó en 68.3 %. Es claro que el papel del Estado se ha reducido en materia de salud. Todo lo anterior no extraña al observar los recursos invertidos en el sistema de salud público mexicano: la evolución del gasto en salud ha decrecido 2 % en términos reales de 2016 a la fecha, mientras que de 2004 a 2015 se incrementó en alrededor de 75 %. La Ensanut 2022 es una alerta más para repensar el sistema de salud público que queremos y necesitamos. Para ello es crucial responder: ¿qué es más importante: quien brinda el servicio o quien lo paga?.