Resistencia política como derecho fundamental

¿La resistencia política generalizada contra la reforma democrática de las políticas e instituciones de seguridad puede ser eficaz motor para la movilización social a favor de la paz? Me pregunto si estamos ante una paradoja que terminará desmontando la barrera política que viene impidiendo la auténtica refundación. En teoría, es inimaginable la reforma sin o en contra de los liderazgos políticos, pero acaso la prolongación de la falla del Estado se viene convirtiendo en la hélice que más empuja hacia la agregación de actores sociales a favor del cambio. Con la evidencia acumulada durante los últimos cinco sexenios federales, podemos afirmar que el Estado mexicano tiene insuficientes -por decir lo menos- capacidades de adaptación para evolucionar sus herramientas ante las violencias (las excepciones son mínimas). No me refiero a las reformas legales y las reorganizaciones institucionales, de esas tenemos todos los días; me refiero a lograr los cambios en las prácticas, controladas éstas a través de robustos mecanismos de rendición de cuentas. En mi concepto, ahí está el eje de la falla: esas políticas e instituciones están generalmente disociadas de la rendición de cuentas. Así fueron diseñadas. En otras palabras, el Estado puede hacer “lo que sea” porque si el resultado prometido no llega (la seguridad, la justicia y la paz) de todas maneras están casi siempre debilitados e incluso apagados los mecanismos de aprendizaje formal y corrección. Comprobado eso a través de la prolongación, ampliación y profundización de las violencias, lo que sigue es preguntarnos si esa rotura está convirtiéndose en sí misma en gasolina para la movilización social a favor de la seguridad, la justicia y la paz. Desde el pasado 20 de junio, fecha del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua, observo acelerarse la agregación de actores sociales a procesos organizativos de movilización, lo cual parece prefigurar un esperanzador efecto bola de nieve. ¿Podemos decir que esos asesinatos vienen catalizando el despertar social que hacía falta para, ahora sí, forzar el reconocimiento de la emergencia humanitaria y andar hacia la consecuente reconstrucción? Todos los días recibo señales esperanzadoras en ese sentido, si bien es muy temprano para afirmar nada. Mi punto es el siguiente: ¿puede abrirse paso la reforma a pesar e incluso en contra de quienes representan a las instituciones del Estado? Parece imposible a primera vista, pero quizá mirando un poco más a fondo podemos elaborar la hipótesis que categoriza la resistencia política, en sí misma, como palanca de cambio, provocando así exactamente lo contrario de lo que se propone. ¿Puede por ejemplo una fiscalía convertirse en acicate para la irrupción social movilizada, precisamente porque al funcionar como fábrica de impunidad acelera las contradicciones, que a su vez insuflan la indignación y por esa vía la participación?. La hipótesis adquiere enorme relevancia cuando leemos que “Los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal más dominante en el mundo”. El grado en que la criminalidad se extiende en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel hasta la captura total del Estado, pero en todo el espectro, esta participación tiene implicaciones en la capacidad de los países para responder al crimen organizado.

No conozco reformas democráticas a la seguridad huérfanas de liderazgos políticos, pero a la vez casi nunca encontramos que la prolongación de las violencias despierte el impulso reformista anhelado. Más bien al contrario, el Estado ha encontrado todos los formatos posibles para, sean cuales sean los riesgos, temores y daños de la gente, seguir repitiendo las promesas incumplidas. La clase política podría estarse convirtiendo en la más potente fuerza para la reconstrucción, precisamente porque mucha de ella hace todo lo que puede para que no suceda. Es el mismo no de hace mucho tiempo, pero con nuevas consecuencias.