• Redacción

¿Se debe garantizar el derecho a la salud?


Tenemos cómo estado una particularidad, ya que contamos con municipios en foco rojo. Además hemos sido noticia nacional por el tema de los desplazados, sobre todo por la violencia que ha trascendido entre Chenalhó y Aldama. Y no solo esos municipios, a la lista se suman Nicolás Ruiz, Zinacantán, Chilón, Cintalapa, Bochil y Ocosingo. Las causas son agrarias, conflictos políticos internos, religiosas y violencia estructural. Cabe señalar, la violencia entre Chenalhó y Aldama se intensificó en un contexto de alto riesgo para la población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, las autoridades han omitido el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por el Juez Federal. A los ataques de grupos armados, que incluso parecen tolerados, se suman los crecientes riesgos de salud durante la emergencia sanitaria por Covid-19, sin las garantías de atención médica adecuada. La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las  comunidades de pueblos originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se  encuentra en constante riesgo. Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el Covid-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales. Quién no ha callado y pide solución así como justicia es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Incluso desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en federales y estatales. No obstante, la impunidad persiste en graves violaciones a las garantías de los indígenas: privación arbitraria de la vida, desplazamiento forzado y privación arbitraria de la libertad de defensor comunitario. Al menos es lo que han denunciado. ¿Qué es lo que piden para las comunidades indigenas?; Tanto el Frayba como los indígenas urgen a los gobiernos federal y estatal para que cumplan el mandato judicial de proteger a las comunidades, así como garantías para proteger la vida del pueblo maya tzotzil de Aldama, en riesgo por agresiones armadas. Se solicita además atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las víctimas de desplazamiento forzado en Aldama, dado su en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por Covid 19.

Esta situación debería ser atendida de inmediato antes que traspase fronteras, ya que la situación en la que se encuentra esta comunidad pone en riesgo la vida de los indigenas, y podría marcar una mancha negra para el gobierno estatal. Y es que a decir verdad la población más vulnerable por la llegada de enfermedades han sido los pueblos indígenas generalmente desprovistos de acceso a servicios públicos, infraestructura hospitalaria. Pareciera que Chiapas esta en la mira por todos lados y por todos los temas, pero es que se han dejado trabajos a medias, sin soluciones contundentes por ello hay de que hablar. Y ante esta pandemia debe urgentemente el estado buscar proteger a las zonas vulnerables.