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  • AFP

Se seguirá sumando tragedias si persiste la deficiencias en el sistema transportista


Otra vez el transporte público tiñó de sangre a familias de víctimas inocentes en la capital chiapaneca. La cadena de omisiones, corrupción, abusos y deficiencias en el sistema transportista arrebató este lunes la vida a dos personas y dejó seriamente lesionadas a seis más que realizaban sus actividades habituales. Apenas el 18 de julio pasado se cumplió un año de un percance similar en otra ruta del transporte público de Tuxtla Gutiérrez. En ese entonces fue una unidad de la ruta 75 la que se quedó sin frenos, precipitándose desde de la parte alta de la colonia Chapultepec para estrellarse con un poste de contención sobre el Boulevard Los Laguitos. Fue el joven Rubén Stevens, quien viajaba en el asiento de copiloto, el que se llevó la peor parte del impacto. Su estancia en el hospital estuvo envuelta del escándalo y la indignación social por la impunidad con la que el influyente propietario de la unidad se desentendió de la responsabilidad, hasta que Rubén murió tras cuatro meses de luchar por su vida. Hoy las víctimas mortales tienen otros nombres, pero pudimos ser cualquiera de nosotros. Flor y Juan nunca imaginaron que ese sería el último recorrido de su vida, en un día común. La imprudencia de un chofer desenfrenado, acostumbrado a correr para ganarle al reloj checador, les arrebató aliento de golpe y dejó un dolor irreparable en sus familias. Así, Juan Carlos, trabajador asalariado, y Flor de María, ama de casa, se sumaron este lunes a Rubén Stevens en la lista negra de omisión e impunidad, dentro de un problema de fondo que va mucho más allá de choferes irresponsables. Y es que, el exceso de velocidad y las deficiencias mecánicas en las unidades del transporte público no son casos aislados. Se trata de una cadena de vicios y complicidades menos simple de lo que se quiere hacer ver. Los choferes se han acostumbrado a manejar a exceso de velocidad ante la impunidad que les otorga la complicidad de todas las autoridades involucradas en su regulación. De poco o nada ha servido a los usuarios denunciar estos excesos, porque simplemente no sucede nada. “Bájese si no le gusta” se ha convertido en la respuesta habitual ante las quejas de los pasajeros. Y los usuarios también hemos caído en la inevitable normalización de las riesgosas carreras. Los teléfonos para denuncias ofrecidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte no sirven de nada y los oficiales de tránsito municipal se hacen de la vista gorda o se dan por servidos con el respectivo “moche”. Detrás hay un sistema estandarizado, establecido por los propietarios de las unidades, que ha hecho del exceso de velocidad un método sin alternativa para alcanzar las cuotas diarias establecidas. Los choferes están sometidos a cuentas altas y tiempos cortos para conseguirlas. No tienen salarios seguros, ni prestaciones sociales o garantías laborales, por lo que se convierten siempre en el eslabón más débil y presionado del viciado sistema. Los únicos que nunca pierden son los concesionarios. Muchos de ellos operadores ilegales de numerosas unidades, coludidos con las autoridades transportistas, para quienes lo más sencillo siempre ha sido sacrificar la seguridad de usuario y culpar de todo a los choferes. Mientras tanto reciben diariamente las jugosas cuotas de unidades aseguradas para su recuperación después de cualquier “accidente”. De las regulaciones que la Secretaría de Movilidad y Transporte debería aplicar para garantizar seguridad, calidad y capacitación ya ni hablamos. Desde 2014 se ha propuesto la implementación de chips reguladores de velocidad en las unidades, pero evidentemente la iniciativa nunca ha prosperado. Lógicamente por que no conviene a los concesionarios y sus altas cuentas exigidas a diario. La implementación de salarios fijos a choferes es simplemente ilegal.

Y es que, las autoridades están plenamente conscientes de que la sola subcontratación de choferes es violatoria a la ley, que el cobro de cuotas por parte de concesionarios para la operación de sus unidades es ilegal y que abrir esa cloaca obligaría a regular la concentración irregular de concesiones en una sola persona. Por eso lo más sencillo será nuevamente concentrar todo el peso de la ley en la detención del chofer y centrar los reflectores en ese sólo eslabón, para así terminar exculpando al resto de la cadena de responsabilidades. La tragedia de este lunes tiene muchos más responsables que el conductor de la unidad. Su detención y encarcelamiento tal vez resuelva penalmente el hecho, pero NO el nido de impunidad y corrupción que seguirá manteniendo en riesgo a miles usuarios más, que, esperemos no sea así, pudieran convertirse en las próximas víctimas del viciado sistema.

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