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Seamos honestos, México tiene graves problemas con la seguridad pública


La Seguridad ciudadana es definida como la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la violencia, la delincuencia y la inseguridad. La seguridad ciudadana tiene como objetivo primordial que el Estado garantice el pleno goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular, de aquellos que permiten desarrollar y salvaguardar su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes. El catálogo de derechos sujetos de protección de la seguridad ciudadana incluye los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a las garantías procesales y a la protección judicial, a la privacidad y a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de expresión, de reunión y asociación, y de participar en los asuntos de interés público.

Los datos arrojan que hay un mayor deterioro en la seguridad pública en muchas zonas del país, de acuerdo al “Informe de Inteligencia” del mes de abril de la consultora Harary Security. En el envío mensual a sus clientes plantea que aumenta el número de ataques contra las autoridades, se multiplican los enfrentamientos callejeros, los ataques contra civiles en lugares públicos, y aumentan las víctimas de diversos tipos de violencia. A nivel regional hay un incremento notable de las actividades criminales en Colima, Morelos, Oaxaca, Sonora, y Zacatecas y se mantiene en un alto nivel en Baja California, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Sinaloa, y Veracruz. En abril hubo 59 ataques en contra de las autoridades, que es la cifra más alta desde noviembre de 2019. Cinco de estos involucran el asesinato de políticos y líderes de partidos políticos. Los ataques ocurrieron en 17 estados y donde hubo más en: Zacatecas (7); Jalisco (6); Puebla (6); San Luis Potosí (6); Guanajuato (5); Michoacán (5), y Veracruz (5). En ellos por lo menos 34 oficiales de la policía o personal militar murieron. Es la cifra más alta de muertes desde abril de 2021. Se reportan 57 enfrentamientos entre grupos criminales rivales o con las autoridades. Esta es la cifra más alta desde julio de 2021. Estos incidentes ocurrieron en 16 estados. Donde hubo más incidentes son: Veracruz (9); Michoacán (8); Jalisco (6); San Luis Potosí (6). y Sonora (5). En marzo hubo 2,186 homicidios dolosos reportados durante marzo de acuerdo a la Segob. La cifra más alta desde octubre de 2021. Reportes de prensa, que suelen ser los más confiables, señalan que se descubrieron los cuerpos de por lo menos 286 víctimas en 104 lugares en 21 estados. La cifra más alta desde junio de 2020. Los grupos del crimen organizado atacan cada vez con más frecuencia a mujeres y niños. En abril por lo menos 98 mujeres fueron asesinadas en 22 estados. En abril se incrementó la cantidad de ataques contra civiles en lugares públicos como bares, restaurantes, centros comerciales y eventos públicos. Se reportaron 18 ataques en 10 estados en los cuales hubo 43 muertes. El número más alto desde octubre de 2021. Los negocios y las personas siguen estando sujetos a demandas de extorsión. En muchos casos estas derivan en asesinatos. Los datos de la Segob indican un incremento en los casos reportados desde el inicio del año. Los medios también informan que hubo seis incidentes fatales relacionados con la extorsión durante abril.

En Oaxaca (2) y en Veracruz (4). Es el número más alto desde enero de 2022. La cifra oficial de robos de abril aún no está disponible. Sin embargo, los datos de la Segob indican que los robos se incrementaron en 112% entre febrero y marzo. De acuerdo a la consultora Harary Security abril fue un mes particularmente violento en prácticamente todos los rubros contemplados. Las fuentes de información que utiliza son las del gobierno federal y la prensa. Para lograr una reducción en los niveles de inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana. El objetivo final es construir instituciones efectivas y eficientes, que provean servicios adecuados de seguridad y justicia (prevención, control, investigación, judicialización, condena y rehabilitación).

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