SEDENA con manos de pulpo

¿Cuál es el objetivo de la Guardia Nacional?, es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios. Pues el Congreso de la Unión aprobó la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, el poder Legislativo nos queda a deber muchas respuestas, entre ellas: ¿por qué la iniciativa del Ejecutivo no pasó por un Parlamento abierto que permitiera escuchar las diversas opiniones? ¿Por qué fue aprobada pese a que contraviene la Constitución mexicana y tratados internacionales de los que México es Estado parte? ¿Por qué no se atendieron los llamados de la sociedad civil y de organismos internacionales para transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana?. Antes y durante el proceso de votación de la iniciativa en ambas cámaras, desde Amnistía Internacional realizamos, junto con diversas OSCs, un intenso activismo demandando una discusión abierta, documentada, razonada sobre la seguridad pública en México. Sin embargo, no hubo respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La decisión adoptada por el Congreso de la Unión es lamentable. Es un acto atroz que pone en riesgo la garantía de la vigencia de los derechos humanos en México. Desde Amnistía Internacional hemos insistido al Estado mexicano, desde hace más de dos décadas, que la militarización de la seguridad pública no es el camino, que tenemos derecho a una seguridad pública que ponga en el centro a las personas y a los derechos humanos; que la criminalidad y la violencia deben abordarse desde la implementación de políticas de seguridad ciudadana, fortaleciendo a las corporaciones policiacas con recursos técnicos, capacitación y el equipamiento necesario para que cumplan su labor de manera eficaz, eficiente y profesional, de tal forma que garanticen la seguridad y la vida de todas las personas. Sin embargo, ni la administración del presidente Felipe Calderón, ni la de Enrique Peña Nieto hicieron eco de ese llamado, lo que tampoco ha ocurrido con la de Andrés Manuel López Obrador. Palabras más, palabras menos, los tres gobiernos han coincidido en que las corporaciones civiles no están preparadas para cumplir con su tarea. Sin embargo, ninguna de las dos primeras administraciones efectuaron −como tampoco la actual− la inversión necesaria en recursos, personal, equipamiento, capacitación, para que las fuerzas civiles se hagan cargo de esa tarea. En este contexto, y a manera de paréntesis, además de la militarización de la seguridad pública, desde Amnistía Internacional vemos con mucha preocupación el avance hacia el militarismo en que la actual administración está sumergiendo a México. No se entiende por qué el Ejecutivo federal le ha asignado tantas tareas del orden civil a los militares, así como presupuesto, al grado de que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza ahora labores que corresponden a más de una veintena de secretarías, consejos, comisiones y dependencias del gobierno federal, como lo advierte la Plataforma de Proyección de Datos Abiertos (PPData) en su análisis Inventario Nacional de lo Militarizado. Los y las mexicanas nos merecemos una explicación clara de esta situación.

La discusión de la iniciativa del Ejecutivo federal en el Congreso de la Unión no tuvo el nivel que requería el tema. Los argumentos a favor se caracterizaron por la retórica, los lugares comunes y por la carencia de información basada en datos y hechos. En la discusión previa en la Cámara de Diputados tampoco se le dio espacio al análisis de fondo y en 11 horas de sesión la iniciativa fue aprobada. Poco importó lo que establecen los artículos constitucionales 21, párrafo 10; 129 y el Quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la GN. Tampoco se tomó en cuenta la obligación que tiene el Estado mexicano de cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como la del caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018, de acuerdo con la cual “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”.