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Selva Política

MIGUEL BARBA


  • Buscarán Diputados Prevenir el Suicidio en Menores de Edad en Todo el País

  • Casi Lista la Iniciativa Para Expedir la Ley General de Centros de Conciliación

La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a la vida, la supervivencia y el desarrollo, con el fin de prevenir el suicidio en menores de edad.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES), proponente de la reforma, mencionó que datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que los niños de entre 10 y 14 años, representaron 3.5 por ciento de las muertes por suicidio en 2016; es decir, un total de 228 fallecimientos.

Asimismo, dijo, las estadísticas de mortalidad del Inegi señalan que en diciembre de 2017, entre los adolescentes de 10 a 14 años, 94 por ciento de quienes se quitaron la vida fueron hombres, y 6 por ciento mujeres. Los principales métodos que se utilizaron fueron ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; le siguen envenenamiento y con arma de fuego.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el mundo, más de 800 mil personas se matan por año, equivalente a una cada cuarenta segundos, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad.

Ante esta problemática, señaló, la OPS recomienda desarrollar políticas de salud mental, mejorar el acceso a la atención de la salud, restringir el acceso a los medios para atentar contra sí mismo, informar de manera responsable sobre este fenómeno y sensibilizar a los ciudadanos en temas de salud mental, abuso de sustancias y suicidio.

Además, aconseja acciones para identificar a las personas en riesgo y referirlas para un tratamiento adecuado; realizar una evaluación y manejo de conductas suicidas y de los trastornos por abuso de sustancias; y dar seguimiento y apoyo comunitario a pacientes que reciben el alta.

Indicó que entre 2010 y 2017, el estado de México registró cuatro mil 271 suicidios, seguido de Jalisco con tres mil 471, y la ciudad de México con dos mil 819.

En Guanajuato y Chihuahua hubo entre dos mil 200 y dos mil 677 muertes de este tipo. Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Puebla, Sonora, Yucatán, Tabasco, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán y Tamaulipas registraron entre mil 100 y mil 900.

Comentó que una crisis suicida infantil surge de la relación del niño o la niña con su medio familiar y se manifiesta mediante una serie de señales en la conducta que se expresan, de manera general, en cambios de todo tipo. Comienzan a tornarse agresivos o pasivos en su comportamiento en la casa y en la escuela, cambian sus hábitos de alimentación y de sueño, pudiendo mostrar inapetencia o por el contrario, un apetito inusual.

Subrayó que la reforma es necesaria para que se cumpla en el precepto constitucional previsto en el artículo primero.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

La iniciativa plantea agregar un artículo 16 Bis a la ley, para establecer que las autoridades de la Federación, entidades, municipales y alcaldías de la Ciudad de México lleven a cabo acciones necesarias para prevenir y, en su caso, atender el suicidio entre niñas, niños y adolescentes.

En otro tema, con el propósito de transformar el actual modelo de relaciones laborales y crear nuevas instituciones que protejan mejor los derechos de los asalariados, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Centros de Conciliación.

Asimismo, reformar las leyes Federal del Trabajo y la de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política.

En el documento, enviado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoce la necesidad imperiosa de actualizar el ámbito laboral con una acción legislativa sustentada en la equidad entre la producción y la justicia social para los asalariados.

Con esta iniciativa se busca poner “fin al régimen cuyos rasgos autoritarios y corporativos representaron un freno para su modernización” y alcanzar el equilibrio y armonía entre los derechos del capital con los del trabajo.

Además, que la protección de los intereses de los trabajadores derive del principio de legalidad, acceso a la justicia, promoción de organizaciones sindicales libres, autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real y de propuesta, en el ámbito de lo productivo y lo laboral.

En el documento se considera indispensable una reglamentación puntual y revisión profunda de las normas secundarias del trabajo para hacerlas compatibles con el nuevo status político, económico y social de México, a fin de modernizarlo e incorporarlo al entorno de creciente competencia e integración económica mundial.

En la exposición de motivos, Francisco Javier Ramírez adujo que existen 53 millones de trabajadores en México, aproximadamente, de los cuales, casi 28 millones subsisten en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y sólo un pequeño estrato goza de trabajo decente al haber logrado constituir sindicatos representativos y contratos colectivos operativos.

Además, el promedio salarial en México es cada vez menor, y se despide a trabajadores, que contaban con percepciones medianamente decorosas, para recontratarlos con montos cercanos al mínimo.

“Los millones de mexicanos no ocupados subsisten de milagro y por lo menos un millón de ellos ha reconocido vivir de la mendicidad o de actos ilícitos”.

Afirmó que existe un estado de “extrema miseria institucionalizada”, debido a la crisis de la justicia laboral y a la ausencia casi total de sindicatos y contratos colectivos auténticos, situación que de no remediarse en el corto plazo, podría acentuar la crisis política, económica y social, así como la inviabilidad democrática de México.

La tasa de sindicación ha disminuido a niveles críticos. “Apenas cerca del tres por ciento de la fuerza laboral mexicana del sector formal cuenta con sindicatos representativos y contratos colectivos operativos y, por tanto, tiene salarios y prestaciones relativamente decorosas”.

El resto de los trabajadores formales, abundó, está privado del ejercicio de la libertad sindical y el derecho a contratación colectiva, sometido al sistema de simulación de sindicatos y contratos colectivos de protección patronal, o al sistema de subcontratación conocido como outsourcing, que contradicen el artículo 3 de la propia ley laboral.


Rugidos


El Pueblo se Cansa…

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador continúa atreviéndose y ayer, durante su conferencia de prensa mañanera, cuando se abordaba el desempeño profesional de los jueces, magistrados y ministros, aseguró que si hay un funcionario de este rango relacionado con acciones de corrupción, será señalado.

El Primer Mandatario sustentó con rostro adusto: “una cosa es el respeto entre los poderes y, otra los actos de corrupción. El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro”.

Algo habría molestado, durante las primeras horas del día, al mandatario que obligó a sostener la vieja frase de lucha y batalla que todo México conoce.

De cualquier manera, lo dicho por el Presidente, en público, abiertamente, ante cámaras y micrófonos, solo nos recuerda que hoy México vive tiempos distintos.

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