• AFP

Selva Política

MIGUEL BARBA


*”Guardia Nacional no Puede Pasar por Decreto a la Sedena; se Violaría la Constitución”

*Necesario dar Mayor Presupuesto al Poder Judicial, si Queremos Mejor Justicia

El diputado Jorge Triana Tena, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que el titular del Ejecutivo federal violará la Constitución con el eventual decreto, que anunció este lunes, para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado, refirió que el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia Nacional tendrá el carácter de civil y no militar, y que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad, no a la Sedena.

“Nos reservamos nuestro derecho para presentar cualquier tipo de acción legal”, subrayó el diputado.

Señaló que el Presidente de la República puede modificar el reglamento “a contentillo, de la manera que guste, pero no puede contravenir a la Constitución; esto cualquier estudiante de Derecho lo sabe”.

Recordó que para que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena tiene que modificar el artículo 21 constitucional. “El artículo 21 constitucional es claro, no hay manera de salirse de ahí; el Presidente además de autoritario es ignorante”, sostuvo.

Comentó que la reforma por la que se creó la Guardia Nacional advierte que los elementos efectivos del Ejército mexicano que se encuentran desplegados en las calles tienen que regresar a sus cuarteles; sin embargo, “debido a la fallida estrategia de seguridad de ‘abrazos y no balazos’, siguen en la calle”.

Además, agregó, “el Presidente los ha puesto a administrar puertos, a construir aeropuertos, bancos, transportar hidrocarburos, administrar programas sociales, vacunas, una serie de acciones que no les corresponden y que hemos visto que han derivado incluso en actos de corrupción”.

Triana Tena advirtió que el PAN le cerrará el paso a cualquier intento por hacer una modificación regresiva como la que está proponiendo.

**********

Sobre el mismo tema, ayer el diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) expresó su rechazo al eventual acuerdo, anunciado por el titular del Ejecutivo federal, para que la Guardia Nacional dependa de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En breves declaraciones a la prensa, el legislador perredista afirmó que no se debe gobernar con base en decretos, puesto que existen las leyes.

“Nosotros vamos siempre a tomar acciones dentro de la ley, y vamos a asumir la ley precisamente con responsabilidad, a buscar evitar que existan estas formas de gobernar", manifestó.

“Indudablemente, este gobierno está haciendo lo que le da su gana”, agregó.

Advirtió que la eventual reforma legislativa para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena no será respaldada por la bancada del PRD; "caprichos no le vamos a aprobar en la Cámara (al Ejecutivo federal)".

************

En otro tema, ayer, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira señaló que todos tenemos que hacer un esfuerzo si queremos más justicia, pronta, expedita y de mejor calidad, tenemos que invertir en los tribunales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) destacó el esfuerzo que realiza el Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, que coordina la diputada Aleida Alavés, ya que “es importantísimo para el país”.

Comentó que, al participar en el tercer foro que se lleva a cabo en Chetumal, Quintana Roo, con el tema Presupuestos Procesales y Acceso a la Justicia; Acciones, Excepciones, Supletoriedad, dijo que es preocupante que la suma del presupuesto de todos los tribunales del país es de aproximadamente 48 mil millones de pesos, mientras la Corte tiene asignados 73 mil millones de pesos.

Explicó que esto llama la atención porque los tribunales del país están encargados de resolver tres millones y medio de juicios y la Corte poco más de un millón, aunque esto no implica disminuir su presupuesto.

El también coordinador anunció que su bancada tiene ya preparada la realización de tres foros de consulta en esta materia, que se realizarán en Durango, Yucatán y Estado de México, para el 22, 24 y 26 de agosto, respectivamente.

Puntualizó que el objetivo es tener un código con cinco características: que sea de consenso; con horizonte de tiempo; de avanzada, que respete la singularidad de todos; que genera justicia rápidamente, y que esté a la altura del artículo primero de la Constitución, es decir, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos y que propicie mejores condiciones de justicia en nuestra nación.

El legislador priista reiteró que consolidar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un gran reto, sobre todo cuando se están recibiendo propuestas de todo el país y en el Senado de la República hay una iniciativa que está sirviendo de base para estos trabajos, la cual salió de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), de los magistrados y jueces.

Recordó que en 2017 una modificación a la Constitución obligó a tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esto significa una norma adjetiva para todo el país y que la misma se convierta en supletoria para otros temas y materias.

************

Por cierto, ayer la diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que el propósito del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es llevar justicia pronta y expedita a la sociedad.

“Buscamos acercar la discusión y análisis de esta normatividad en cada rincón del país para que todas las voces de los operadores jurídicos sean escuchadas”, afirmó en un comunicado.

Informó que participó en el marco del Foro “Hacia la Construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”; que en esta ocasión se llevó a cabo en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Al respecto, la legisladora comentó que el tema que abordó el Foro en esta ocasión estuvo relacionado al sistema probatorio en el derecho procesal civil y familiar, así como, la supletoriedad, esto, a través de dos mesas de discusión.

“Cada foro busca colocar un tema central que contiene el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con la finalidad de dar una secuencia lógica y sistemática al análisis de esta propuesta”, mencionó.


Rugidos


¡Reclamo!

El accidente en la mina de carbón de Sabinas, Coahuila, durante el cual se encuentran atrapados 10 trabajadores mineros, ha vuelto a recordarnos en la necesidad de que esta actividad necesita urgentemente de más y mejores medidas de seguridad laboral.

Más allá del precario salario que se les paga a los obreros de la minería en nuestro país, lo urgente es multiplicar las líneas de seguridad para realizar la labor de exploración y extracción de minerales. El casco o botón de emergencia, aunque sueles ser útiles, dejan de servir ante una eventualidad mayor.

La seguridad para quienes bajan al centro de la tierra a golpear las rocas para extraer los minerales, cualquiera que éstos sean, es mínima y casi inservible, ante lo cual las empresas mineras deben establecer cuando antes lineamientos que garanticen en buena medida la vida de los obreros, cuando se registra una eventualidad.

Los estudios de la tierra para saber qué tan seguro es llevar a cabo la excavación, las medidas de supervisión del área de extracción, así como los equipos de seguridad industrial para desempeñar la labor y, sobre todo el plan de acción inmediata debe estar actualizados, supervisados y aprobados no solo por las empresas, sino además por los tres niveles de gobierno.

De esta manera podría ampliarse el margen de seguridad que requiere una actividad como la minería en su tarea de exploración y extracción.

Entradas Recientes

Ver todo