Selva Política

MIGUEL BARBA

*Reiteran Diputados del PRI que el Ejército, Debe Continuar en las Calles

*Buscarán Legisladores Frenar Cobros Excesivos en Clínicas y Hospitales

Las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI reiteraron que la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad, los lleva a dar una prórroga de acompañamiento de cuatro años para preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas.

En conferencia de prensa, los legisladores priistas Yolanda de la Torre, Ildefonso Guajardo, Carlos Iriarte, Frinné Azuara, Melissa Vargas, José Francisco Yunes y Adriana Campos aseguraron que esta prórroga no es un cheque en blanco. Es una medida que, destacaron, desde la Cámara de Diputados, estarán observando con lupa que su aplicación sea eficiente, ya que tiene como finalidad dar al gobierno tiempo para que realmente haga su trabajo.

El líder congresista Rubén Moreira Valdez sugirió que de manera consciente se respalde la propuesta presentada por la diputada Yolanda de la Torre, porque “tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, principalmente de los estados, en donde existen grandes y graves problemas de seguridad”.

A su vez, el dirigente y diputado Alejandro Moreno hizo un reconocimiento a toda la bancada priista por mantenerse unida en un tema que va más allá de cualquier postura política. “No estamos haciendo el trabajo político a Morena, esto es por el bien más preciado, tenemos que garantizar la seguridad de las familias mexicanas”, y los invitó a seguir porque “sería muy irresponsable dejar al destino que pase cualquier cosa en el país y mucho más que lo paguen miles de familias inocentes”.

Lo anterior, establecieron las y los representantes populares del PRI, es por el pueblo de México que exige seguridad ante la fallida estrategia de la actual administración; no se trata de política, sino de dar respuesta a una demanda ciudadana.

La propuesta del PRI para dar cuatro años más para que se consolide la Guardia Nacional como cuerpo civil, es para dar una solución de fondo. En este sentido, la bancada priista exige que se otorguen más recursos a los estados y municipios destinados a este rubro y que se restablezca el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

“Queremos una guardia civil que pueda cumplir con su cometido. Con el mismo convencimiento con el que votamos en contra de que tuviera un mando militar, creemos que el acompañamiento debe continuar. El PRI no va a mirar a otro lado, mientras los problemas de seguridad en México sigan siendo un alto riesgo para las familias mexicanas”, recalcaron las y los integrantes de este grupo parlamentario.

Añadieron que no se trata de un tema político, sino de seguridad que le ha costado miles de víctimas al país en el sexenio más sangriento de la historia. Negar esta prórroga, enfatizaron, es condenar a millones de familias mexicanas a quedar a merced del crimen organizado.

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En otro tema, ayer el Grupo Parlamentario del PRD, a través del diputado Miguel Ángel Torres Rosales, presentó una iniciativa con proyecto de decreto a la Ley General de Salud, a fin de limitar los abusos económicos a los que las y los mexicanos se enfrentan de manera cotidiana por las instituciones privadas y que se detonó tras la pandemia del Covid-19.

El parlamentario explicó en un comunicado que estos abusos se han reforzado ante el fracaso y colapso de una inexistente estrategia de salud por parte del Ejecutivo Federal, pues el modelo de salud pública no ha funcionado, ni siquiera ha llegado a niveles del Seguro Popular, el cual incluso ya había sido rebasado por la realidad.

“También en salud se ha salido de las manos el control, podrán decir que fue la pandemia, pero la realidad es que solo fue un factor más”, acusó el legislador zacatecano.

Agregó que la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que, de enero a septiembre de 2021, fueron atendidas 418 denuncias contra hospitales y clínicas privadas por el encarecimiento de los costos de servicios, además de realizar trabajos no autorizados por el paciente y cuyo costo no fue oportunamente informado, con lo que resultó afectado de manera considerable el patrimonio de pacientes y familiares.

“Con los cambios propuestos al artículo 51Bis primero de la Ley General de Salud, los prestadores de servicios privados de salud deberán entregar a los pacientes y sus familiares la información completa de los tratamientos, servicios y cirugías a practicar, incluyendo honorarios médicos, materiales, medicamento, estancia en hospital y demás servicios subyacentes; una vez dada la información el paciente y sus familiares podrán tomar la decisión del tratamiento que más les favorezca tomando en cuenta su estabilidad y capacidad patrimonial”, explicó el diputado.

Torres Rosales sostuvo que la iniciativa presentada pretende apoyar la economía de miles de familias que buscan una alternativa en materia de salud ante la incapacidad del Gobierno Federal de garantizar el derecho a la salud.

Finalmente, dijo que la Ley General de Salud establece que las personas físicas y morales privadas, forman parte del Sistema Nacional de Salud, mismo que tiene como uno de sus objetivos, el proporcionar servicios a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daño a la población.

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De salida les informamos que el diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que las finanzas de la Cámara de Diputados se ejercen de manera responsable y transparente.

“Hoy podemos decir de cara a las y los mexicanos que en el Comité de Administración se tiene responsabilidad en el manejo del financiamiento”, afirmó en el marco de la instalación del Comité de Administración 2022–2023.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena refirió que el presupuesto de la Cámara de Diputados, programado hace cuatro años, tuvo una disminución del 30 por ciento, “es decir, que gracias a la participación de todos los grupos parlamentarios se tuvo una disminución de 400 millones de pesos”.

Reconoció a cada una de las y los integrantes del Comité de Administración, “pues no es sencillo definir los criterios programáticos presupuestales para que opere la Cámara de Diputados, pero que con criterios de austeridad y racionalidad se ha logrado eso”.

“Esto es un logro de todos los grupos parlamentarios, porque el Comité de Administración es un órgano colegiado, en donde se ha privilegiado la comunicación, entendimiento, coordinación y conducción”, mencionó en un comunicado.

Por su parte, el diputado Armando Contreras Castillo (Morena), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, informó que al término del primer año de la LXV Legislatura, se lograron los consensos que permitieron tomar las decisiones administrativas y económicas adecuadas en el presupuesto de la Cámara.

Rugidos

Mero Trámite

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará hoy jueves, de mero trámite, el proyecto sobre la vigencia de la presión preventiva oficiosa la cual se mantendrá sin cambio alguno.

La decisión a favor de que continúe la detención y prisión para las personas que aun sin comprobárseles, si son o no responsables de algún acto que se les imputa, despertó el interés de la opinión pública nacional, donde para muchos es un acierto y, para otro tanto es un error.

Los señalamientos y denuncias sobre que bajo este ordenamiento se encarcela a miles de personas inocentes, creció de manera importante, lo que deberá llevar a los diputados a buscar una reforma penal que reduzca al mínimo el número de personas que estén detenidas sin que haya parte acusadora o, en el peor de los casos, sin argumentos que los señalen como culpables.

La creciente ola de inseguridad y delitos de todo tipo, obliga a obligado a las autoridades a tomar ese tipo de decisiones que en muchos de los casos, tras purgar encarcelamientos injustificados, terminan con el ya clásico “usted disculpe” para las personas que logran ser liberadas.