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Selva Política

MIGUEL BARBA


*Proponen que Portación de Armas, Amerite Prisión Preventiva Oficiosa

*Piden que Sector Social Acceda a Programas de Apoyo Para Mipymes

A fin de aumentar las multas a quienes introduzcan al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego, estén o no reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como señalar esta conducta como un delito grave, la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) presentó una iniciativa.

Con reformas a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, también busca señalar que la portación, fabricación, importación, tráfico o acopio sin un fin lícito amerite prisión preventiva oficiosa.

Establece que no se concederá la libertad preparatoria a los sentenciados por la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

También, por no impedir esta introducción estando obligado como servidor público y, por portación, fabricación, importación, venta o acopio sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa.

Busca imponer prisión de tres a 10 años y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y decomiso, a quien porte, fabrique, importe, trafique o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas. Actualmente, la pena es de tres meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional, expone que las estadísticas en materia de uso de armas de fuego en la comisión de delitos en contra de la población imponen la necesidad de hacer algo para lograr que el tráfico ilícito de armas se sancione con la severidad que amerita.

En 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tres de cada cuatro robos en el país se realizaron con armas de fuego, Además, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país cerró 2020 con 34 mil 515 homicidios dolosos, de los cuales 70 por ciento se cometieron con armas de fuego.

Menciona que alrededor del 80 por ciento de los 15 millones de armas ilegales que circulan en México están en manos del crimen organizado, grupos delincuenciales y cuerpos armados autodenominados como autodefensas, según lo estimó la compañía Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

Considera indispensable legislar para contar con un marco jurídico que permita atender adecuadamente y erradicar el tráfico de armas hacia el país, sean o no de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. “Es un delito que ni siquiera asumimos como grave, lo cual evita que pueda ser sancionado con todo el peso de la ley”.

Relata que, en 31 de las 49 aduanas instaladas en el país en las zonas fronterizas, puertos marítimos aeropuertos y ciudades estratégicas, apenas se aseguran menos de 400 armas ilegales en promedio cada año. “Lo que encontramos o tenemos en nuestro marco jurídico para afrontar al traficante de armas y desalentar o inhibir su actividad ilegal es insignificante”, puntualiza.

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En otro tema, el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo seis de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de incluir al sector social de la economía en concurrencia con el sector privado, en los programas de apoyo económico del Gobierno Federal.

Por medio de un comunicado, el legislador explicó que el objetivo de este proyecto es formalizar el acceso del sector social en forma de micro, pequeñas y medianas empresas a todo tipo de programas de emprendedores o autogestión.

Argumentó que el propósito es que la Ley reconozca las Mipymes no importando su origen social o privado y ambas tengan acceso a programas con un principio de igualdad, a fin de disminuir los niveles de pobreza.

Precisó que esta propuesta tiene una base de operación sólida en los programas sociales del sector primario que en administraciones pasadas implementaron varias dependencias, a través de políticas públicas que beneficiaban a grupos de productores organizados y se lograron resultados favorables con la economía solidaria en diferentes ámbitos.

Por ello, Gutiérrez Jardón dijo que la reforma que impulsa pretende incorporar este modelo exitoso de economía solidaria en las Mipymes, que además de beneficiar a grupos organizados de emprendedores, genera crecimiento sostenido, empleos y fortalece la actividad productiva en el país.

Aseguró que también se beneficiará a aquellos sujetos económicos que ven en la organización social y comunitaria una herramienta productiva y con sustentabilidad, por ello, hizo votos porque la propuesta jurídica cuente con el respaldo de los diputados de todas las fracciones parlamentarias.

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De salida les informamos que con el fin de incluir la atención médica especializada que requieren las personas con preferencias sexuales e identidad de género no normativo y así aminorar vulnerabilidad, discriminación y abonar a la protección de sus derechos fundamentales, su identidad y dignidad humana, la diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) presentó una iniciativa para hacer modificaciones a la Ley General de Salud.

Por medio de un comunicado, explicó que con esta reforma se logrará la sensibilización de los especialistas en salud y la población en general con dicho sector, así como la capacitación y fomento del estudio de tratamientos para el mismo.

Lo anterior, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis) el 20.2 por ciento de la población mayor de edad fue discriminada en el último año por alguna característica personal, entre ellas la orientación sexual.

Especificó que la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (Endosig) 2018 reportó que durante la atención médica se sintieron incómoda o incomodo, el 76.7 por ciento de los pacientes; tuvo que ocultar su orientación o identidad de género el 49.4 por ciento; no dieron el servicio o tratamiento adecuado al 38.3 por ciento; malos tratos o humillaciones al 32.6 por ciento; minimizaron el padecimiento al 29.2 por ciento, y sugirieron “curar” su condición al 15.2 por ciento.

Azuara Yarzábal destacó que la finalidad de hacer cambios legislativos a los artículos 2, 3, 6, 7, 13 y 27 de la Ley General de Salud, es fortalecer el derecho a la salud y combatir la discriminación.

Rugidos


Punto Final


La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional anunció que la relación con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas llegó a su fin. La confianza en el cumplimiento de los acuerdos terminó y, ante ello, ya analizan otros caminos a seguir.

Así lo adelantó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés luego de asistir a la toma de posesión del nuevo gobernador de Durango, Esteban Villegas, hasta donde arribó junto con el también representante en México del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano.

Ambos dirigentes políticos, por separado, confirmaron que el entendimiento con Alejandro Moreno, NO así con otros cuadros, militantes y simpatizantes priistas en el país, se da tras lo acontecido en la Cámara de Diputados en torno a la aprobación de la reforma constitucional para que el Ejército continúe en las calles del país, hasta el 2029.

El anuncio está hecho y todo parece indicar que no hay que esperar a lo que suceda el martes, miércoles o jueves entrantes en el Senado de la República, donde se espera que la reforma citada logre ser detenida.


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